Una nueva resolución de la provincia de Mendoza endureció los controles sobre las familias que no cumplen el calendario de vacunación obligatorio. La norma, publicada en el Boletín Oficial y vigente desde su dictado, fija un protocolo de advertencia, seguimiento y denuncia para casos de negativa a vacunar a menores o personas incapaces.
Cómo funciona el protocolo: 30 días y denuncia
Cuando un padre, madre, tutor o representante legal manifieste por escrito su negativa a que el menor reciba las vacunas en el ámbito escolar, se otorgará un plazo de 30 días corridos para regularizar la situación. La aplicación debe certificarse en el registro online del Sistema Provincial de Inmunizaciones.
Si no se cumple dentro del plazo, el personal de salud deberá notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y efectuar una denuncia prioritaria ante autoridades policiales, municipales o judiciales con competencia contravencional. Fuera de la escuela, la negativa también debe ser informada por el personal sanitario que la detecte.
Sanciones previstas: multas, arresto y trabajo comunitario
Según el artículo 119 del Código Contravencional (Ley 9099), omitir las vacunas obligatorias puede derivar en multas de 200 a 800 Unidades Fijas (UF) —cada UF equivale a $420, es decir, entre $84.000 y $336.000—, arresto de hasta cinco días o su equivalente en trabajo comunitario en centros asistenciales u hospitales públicos.
Además, “Los efectores de salud (público o privado) y todo agente o funcionario público que tuvieren conocimiento de la vulneración del derecho a la vacunación de menores, deberán comunicar dicha circunstancia a la autoridad administrativa local. El que omitiere dicha comunicación será sancionado con el doble de lo previsto en el párrafo anterior”. En caso de reincidencia, la sanción se aumentará al triple en su mínimo y máximo.
Control estadístico y seguimiento legal
La Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión registrará todas las denuncias e informará mensualmente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el seguimiento de cada caso y la detección de reiteraciones que puedan derivar en sanciones más severas.
Qué dice la autoridad sanitaria
La directora del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, señaló que el objetivo no es punitivo: “no es sancionar a nadie ni ponerle una multa de 300 mil pesos”, sino “cuidar a la población”. Sobre los grupos que rechazan la vacunación, indicó que “son muy pocos”, aunque reconoció “posiciones extremas”.
Aguilar describió un patrón de relajamiento a medida que crecen los hijos: “Hay padres, sobre todo menores de 50 años, que tienen dudas porque nunca vieron enfermedades como polio, sarampión o rubéola congénita. Y, entonces, si no lo ven, creen que ya no existe. Es lógico pensarlo, pero es al revés. No lo ven porque la vacunación ha sido efectiva”.
También graficó la caída de la adherencia con el paso del tiempo: “Al primer hijo lo traen a vacunar con toda la familia, al segundo viene solo la madre; al tercero, si viene, viene solo. Y cuando ya están en primaria, los recuperamos en los operativos escolares. Después, en la adolescencia, se creen invencibles y se ponen una antitetánica solo si se cortan o tienen un accidente”.
