La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá si mantiene la suspensión de la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco de la disputa por la expropiación de la petrolera. La resolución podría también establecer una garantía alternativa mientras se sustancian las apelaciones.
El 30 de junio pasado, Preska ordenó la entrega de las acciones como forma de pago de la sentencia que fijó una indemnización de US$16.100 millones más intereses. Argentina apeló esa decisión y obtuvo una suspensión administrativa temporal, ya que, a diferencia de la legislación local, en Estados Unidos una sentencia de primera instancia no se suspende automáticamente por la sola presentación de una apelación.
En paralelo, el país mantiene dos apelaciones: una contra el fallo principal que impone el pago de la indemnización y otra contra la orden de entregar las acciones. En la primera, ya se presentaron los escritos y la audiencia está prevista para la semana del 27 de octubre. En la segunda, la defensa argentina deberá presentar su escrito principal el 25 de septiembre.
Contexto legal y posibles escenarios
Si la Cámara ratifica la suspensión, las acciones permanecerán en poder de la Caja de Valores. Si la levanta, los demandantes podrían tomar posesión, aunque la Ley 26.741 impide transferirlas sin autorización del Congreso. Según especialistas, un fallo adverso podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante el procedimiento de urgencia conocido como “shadow docket”.
Para el consultor Sebastián Maril, se trata de “una decisión administrativa extremadamente importante para todos los argentinos” ya que, de ser desfavorable, “solo quedaría la Corte Suprema para revisarla”. Otros analistas advierten que un incumplimiento afectaría la reputación del país, especialmente en un momento en que busca volver a los mercados de deuda, aunque el impacto práctico inmediato sería limitado por la jurisdicción de las acciones.
Antecedentes del caso
El conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF. Los fondos demandantes sostienen que el Estado no cumplió con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición por la totalidad de las acciones, tal como lo establecía el estatuto de la compañía ante la SEC. En 2015 iniciaron la demanda, y en 2023 Preska dictó el fallo que ordenó el pago millonario y eximió a YPF de responsabilidad directa.
