En una medida drástica que ha elevado la tensión entre la Casa Blanca y el gobierno local, el presidente Donald Trump ha iniciado una ofensiva federal para expulsar a las personas sin hogar de la capital estadounidense, enmarcando la acción como una respuesta a una supuesta crisis de “crimen, anarquía y miseria”. La operación incluye el despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales, y se basa en una narrativa de inseguridad que choca frontalmente con las estadísticas oficiales de la ciudad.
Contrario a la información que ha circulado, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, no ha sido destituida. Bowser, quien ocupa el cargo desde 2015, se mantiene al frente del gobierno de la ciudad y se ha convertido en una de las voces más críticas contra la intervención federal.
La política de “expulsión” y la intervención federal
En los últimos días, el presidente Trump ha intensificado su retórica y sus acciones. A través de la red social Truth Social, advirtió que las personas sin hogar “tienen que irse, inmediatamente” y que, aunque se les darían lugares para quedarse, estos estarían “Muy lejos del Capitolio”.
Esta directiva se materializó con la firma de una orden ejecutiva que busca facilitar la remoción de los campamentos de personas sin hogar, especialmente en parques y terrenos federales, para trasladar a los individuos a centros de tratamiento. La justificación de la Casa Blanca es “rescatar la capital de la nación del crimen, el derramamiento de sangre y la miseria”.
La medida más contundente ha sido la invocación de la Ley de Autogobierno de D.C. para poner a la policía local bajo control federal de manera temporal y desplegar a cientos de agentes del FBI, la DEA y la Guardia Nacional en las calles. “Estamos deshaciéndonos de los barrios marginales”, declaró Trump en una conferencia de prensa.
Organizaciones de derechos civiles y defensores de las personas sin hogar han reaccionado con alarma, advirtiendo que esta política criminaliza la pobreza y no aborda las causas de fondo de la falta de vivienda, como los problemas de salud mental, la adicción y la escasez de viviendas asequibles.
Alcaldesa Bowser responde: no hay cambio de mando ni alza de delitos
La alcaldesa Muriel Bowser ha calificado la acción federal de “inquietante e improcedente”. El supuesto aumento de la delincuencia utilizado por el gobierno federal para justificar la intervención es, de hecho, incorrecto, según los datos oficiales.
Estadísticas del Departamento de Policía Metropolitano de D.C. y del Consejo de Justicia Criminal muestran una significativa caída de la criminalidad en 2025 en comparación con el año anterior:
- Delitos violentos totales: Han bajado un 26% este año.
- Homicidios: Se han reducido.
- Robos y asaltos: También muestran un descenso considerable.
Si bien la ciudad experimentó un pico de violencia en 2023, la tendencia actual es a la baja, situando los índices de criminalidad en niveles de hace 30 años. “No estamos experimentando un aumento de la delincuencia. De hecho, estamos viendo cómo nuestras cifras de criminalidad descienden”, afirmó Bowser en una entrevista, contradiciendo directamente la narrativa del presidente.
El conflicto ha puesto de manifiesto la particular situación de Washington D.C., un distrito federal cuyo autogobierno puede ser revocado por el Congreso y la Casa Blanca. La decisión de Trump es vista por muchos como una extralimitación del poder federal y un movimiento político para proyectar una imagen de fuerza, a costa de la autonomía local y de uno de los grupos más vulnerables de la población.
