El Gobierno nacional confirmó que evalúa otorgar un aumento en todas las prestaciones para personas con discapacidad, fortaleciendo la cobertura médica, terapéutica y de apoyo. La medida, según informaron desde Casa Rosada, será posible gracias a los recursos recuperados tras la baja de más de 110 mil pensiones por invalidez laboral otorgadas de manera irregular.
Más controles, menos curros
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya suspendió un total de 110.522 pensiones que no cumplían con los requisitos legales. A estas se suman otras 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.
“Este aumento reforzará la cobertura en todo el país y asegurará un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”, aseguró Adorni. De concretarse, la medida se ejecutaría con los recursos generados por estas bajas, estimados en unos 35 mil millones de pesos mensuales.
Radiografías para todos
Entre las irregularidades detectadas por la ANDIS, se encontraron casos llamativos como el uso repetido de la misma radiografía en 150 trámites distintos durante la gestión anterior en Chaco, o estudios médicos idénticos presentados por distintos beneficiarios en Tucumán.
Adorni denunció que se trató de una “actividad fraudulenta a gran escala”, que según estimaciones oficiales, representaría un desvío de fondos de hasta 1.000 millones de dólares por año. El Gobierno responsabilizó directamente a las gestiones kirchneristas por la expansión de este sistema, que pasó de 79.000 pensiones en 2003 a más de 1.222.000 en diciembre de 2023.
Un sistema bajo la lupa
Las auditorías médicas están a cargo de profesionales del PAMI y personal de la ANDIS. Por el momento, la revisión no incluye a menores de edad ni a quienes ya fueron auditados en 2024. Las principales causales de suspensión incluyen el no cumplimiento de requisitos y la inasistencia reiterada a las convocatorias.
En declaraciones a la prensa, autoridades de la ANDIS explicaron que el objetivo es redirigir los recursos hacia quienes realmente lo necesitan y garantizar mayor transparencia en la asignación de beneficios.
Cruces con el Congreso
El anuncio del Ejecutivo se dio en medio de una fuerte disputa con el Congreso, que días atrás rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que proponía declarar la emergencia en discapacidad y aumentar el presupuesto para el sector.
Adorni fue contundente al señalar: “El Congreso, esta semana, defendió un sistema corrupto. Un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política”. Y agregó: “Gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema”.
Un nuevo enfoque
Desde el oficialismo sostienen que la creación de nuevas pensiones, sin depuración previa, implicaría un gasto estimado de $2,1 billones para 2025 y más de $4,5 billones para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI. A esto se le suma el posible impacto en el programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas.
Así, el Gobierno impulsa un enfoque que combine depuración, control y redistribución, apuntando a un sistema más eficiente que priorice la asistencia real y evite el uso indebido de fondos públicos.
