El PAMI, bajo la dirección del abogado David Litvinchuck, enfrenta una grave situación judicial al acumular una deuda superior a $55 millones en multas por incumplir una orden de la Justicia Federal que le exige la entrega de medicamentos gratuitos a los jubilados. La sanción fue impuesta por el Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Pablo Quirós, y podría derivar en el embargo de las cuentas bancarias del organismo.
Multas en ascenso y desobediencia sistemática
Desde el 26 de diciembre de 2024, el juzgado comenzó a aplicar una multa diaria de $100.000 por cada jornada en la que el PAMI no cumpliera con la orden judicial. Ante la continuidad del incumplimiento, en febrero de 2025 el monto fue triplicado a $300.000 diarios, y finalmente el 4 de julio volvió a incrementarse a $500.000 por día, a pedido de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen).
El abogado de la asociación, Carlos Blanco, confirmó que el monto de la deuda, que al momento del pedido de ejecución superaba los $45 millones, ahora excede los $55 millones. Junto a la ex diputada nacional Marisa Uceda, Blanco impulsa también una denuncia penal contra Litvinchuck por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Embargo en marcha y fin de la feria judicial
Finalizada la feria judicial, se espera que el Juzgado Federal avance con el pedido de ejecución de las multas, al que solo le restan cumplirse ciertas formalidades. En paralelo, la asociación solicitó el embargo de las cuentas del PAMI Mendoza en el Banco Nación, como medida para garantizar el cumplimiento de la resolución.
La situación expone una profunda crisis de gestión y cumplimiento legal por parte de la delegación mendocina del organismo, cuyo rol en la atención de adultos mayores se ve severamente cuestionado.
Protestas y reclamos: los jubilados coparon la sede del PAMI
La tensión también se vive en las calles. Este miércoles, la tradicional marcha de jubilados se dirigió a las oficinas del PAMI en calle Belgrano, Ciudad de Mendoza, e ingresaron al edificio en protesta. El reclamo no solo apunta a la falta de entrega de medicamentos, sino también a las demoras en la provisión de pañales, otro insumo esencial para muchos afiliados.
La situación de desamparo en la que se encuentran miles de jubilados mendocinos pone en jaque al organismo nacional en la provincia, y el avance judicial podría marcar un antes y un después en la exigibilidad de sus responsabilidades institucionales.
