El Centro Cívico de San Juan fue escenario este miércoles de una nueva amenaza de bomba que activó el protocolo de seguridad y obligó a evacuar el edificio. Menos de 24 horas después, se confirmó que el autor del llamado fue un adolescente de 14 años, quien fue entregado por su madre a las autoridades policiales.
La entrega voluntaria y la confesión
El fiscal Ignacio Achem, a cargo de la investigación, explicó que la madre del menor se presentó con él en la comisaría más cercana alrededor de las 23:00 horas, tras enterarse de las noticias del operativo. Allí, el adolescente realizó manifestaciones voluntarias sobre lo ocurrido, las cuales fueron ratificadas por su progenitora.
La antena que detectó la llamada inicial se ubicaba en la zona del Centro Cívico, lo que refuerza la hipótesis de que el adolescente realizó la amenaza desde las inmediaciones del edificio. La causa fue inmediatamente derivada a la Justicia de Menores.
Un menor inimputable
Al tratarse de un niño de 14 años, la ley argentina lo considera inimputable, por lo que no puede enfrentar sanciones penales. Sin embargo, podrían establecerse medidas socioeducativas o administrativas, de acuerdo con lo que determine la Justicia de Menores.
Antecedentes recientes
El hecho recuerda otros casos ocurridos en la provincia. En uno de ellos, dos menores realizaron una amenaza de bomba en la escuela Ingeniero Rogelio Boero. Aunque tampoco podían ser encarcelados, fueron obligados a pagar cuatro millones de pesos, monto que correspondió al costo del operativo de evacuación y de control antiexplosivos desplegado en el establecimiento.
La reiteración de este tipo de episodios encendió las alertas en la Justicia y las fuerzas de seguridad, que remarcaron que las falsas amenazas generan un enorme despliegue de recursos y pueden traer consecuencias legales y económicas para las familias de los responsables.
Un adolescente de 14 años fue identificado como el autor de la amenaza de bomba al Centro Cívico ocurrida el miércoles 20 de agosto. El menor fue entregado voluntariamente por su madre en una comisaría, donde confesó lo sucedido. La causa pasó a la Justicia de Menores, ya que el joven es inimputable. No enfrentará sanciones penales, aunque el caso recuerda otros antecedentes donde se aplicaron multas económicas a menores responsables de hechos similares.
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El Centro Cívico de San Juan fue escenario este miércoles de una nueva amenaza de bomba que activó el protocolo de seguridad y obligó a evacuar el edificio. Menos de 24 horas después, se confirmó que el autor del llamado fue un adolescente de 14 años, quien fue entregado por su madre a las autoridades policiales.
La entrega voluntaria y la confesión
El fiscal Ignacio Achem, a cargo de la investigación, explicó que la madre del menor se presentó con él en la comisaría más cercana alrededor de las 23:00 horas, tras enterarse de las noticias del operativo. Allí, el adolescente realizó manifestaciones voluntarias sobre lo ocurrido, las cuales fueron ratificadas por su progenitora.
La antena que detectó la llamada inicial se ubicaba en la zona del Centro Cívico, lo que refuerza la hipótesis de que el adolescente realizó la amenaza desde las inmediaciones del edificio. La causa fue inmediatamente derivada a la Justicia de Menores.
Un menor inimputable
Al tratarse de un niño de 14 años, la ley argentina lo considera inimputable, por lo que no puede enfrentar sanciones penales. Sin embargo, podrían establecerse medidas socioeducativas o administrativas, de acuerdo con lo que determine la Justicia de Menores.
Antecedentes recientes
El hecho recuerda otros casos ocurridos en la provincia. En uno de ellos, dos menores realizaron una amenaza de bomba en la escuela Ingeniero Rogelio Boero. Aunque tampoco podían ser encarcelados, fueron obligados a pagar cuatro millones de pesos, monto que correspondió al costo del operativo de evacuación y de control antiexplosivos desplegado en el establecimiento.
La reiteración de este tipo de episodios encendió las alertas en la Justicia y las fuerzas de seguridad, que remarcaron que las falsas amenazas generan un enorme despliegue de recursos y pueden traer consecuencias legales y económicas para las familias de los responsables.