Una de las crisis sociales más violentas de la historia reciente del país asiático estalló tras la prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram, WhatsApp y X (anteriormente Twitter). La medida, presentada como un mecanismo para combatir el discurso de odio y los delitos cibernéticos, derivó en una ola de protestas encabezadas por jóvenes que ya dejó al menos 19 muertos y cientos de heridos.
Una decisión que encendió la mecha
La prohibición entró en vigencia a comienzos de septiembre, luego de que las empresas tecnológicas no cumplieran con el requisito de registrarse localmente, designar un oficial de enlace y establecer un mecanismo de quejas. El entonces primer ministro, K. P. Sharma Oli, justificó la medida como una estrategia para “ordenar el espacio digital” en el país.
Sin embargo, la juventud nepalí reaccionó con escepticismo y furia. Para gran parte de esta población, las redes sociales no son solo una herramienta de comunicación, sino también una vía de participación política, educación y comercio. Las calles de Katmandú y otras ciudades se colmaron rápidamente de manifestantes, en un fenómeno que medios locales bautizaron como la “protesta Gen Z”.
De lo digital a la tragedia en tiempo récord
Lo que comenzó como una movilización pacífica escaló de forma vertiginosa. Cuando los manifestantes intentaron acercarse al Parlamento, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue desproporcionada. Se utilizaron cañones de agua, gases lacrimógenos y, finalmente, munición real.
Organismos de derechos humanos denunciaron un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados, muchos de ellos estudiantes secundarios. “No se trataba solo de la prohibición de redes sociales. Esa fue la chispa. Estamos hartos de la corrupción y de no tener futuro”, expresó un joven manifestante a medios locales.
Dimisiones y condena internacional
La escalada de violencia derivó en una profunda crisis política. El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, presentó su renuncia, asumiendo la “responsabilidad moral” por las muertes. Poco después, el primer ministro Oli también dimitió, acorralado por la presión social y las críticas internacionales.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su consternación y exigió una investigación independiente. En tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó la medida como “un grave retroceso para la libertad de expresión”.
Retiro de la medida, pero sin resolver el fondo
En un intento por calmar el clima social, el gobierno interino levantó la prohibición de las plataformas. Sin embargo, para muchos, la decisión llegó tarde y no responde a las causas estructurales del estallido: la falta de oportunidades, el hartazgo frente a la corrupción y el temor a un modelo autoritario.
El caso nepalí deja un mensaje contundente para otros gobiernos del mundo: en la era digital, restringir el acceso a las redes sociales es más que un acto técnico. Es un gesto político que puede ser leído como un intento de silenciar, y en contextos de frustración acumulada, eso puede encender un fuego difícil de apagar.
