La diputada provincial Adriana Díaz denunció públicamente una maniobra del gobierno nacional que, según advirtió, apunta a incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso y vigente hasta diciembre de 2027. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la legisladora alertó sobre una «trampa reglamentaria» que busca trasladar a los propios afectados la responsabilidad de judicializar sus derechos.
Judicialización como estrategia de desgaste
Según Díaz, la administración de Javier Milei está preparando una reglamentación de la ley que no derogaría el texto original, pero que sí dificultaría gravemente su aplicación. «Prestadores, pacientes y familiares deberán litigar para acceder a derechos que ya han sido reconocidos», advirtió.
La estrategia, según explicó la diputada, permitiría al Ejecutivo evitar un enfrentamiento directo con la legislación vigente, delegando en los damnificados la carga de iniciar acciones judiciales para lograr la ejecución de lo que el Congreso ya estableció como ley. Esto, advirtió, podría generar una verdadera «emergencia institucional».
Los puntos clave de la ley ignorados por el Ejecutivo
Díaz detalló que entre los aspectos centrales que el Gobierno nacional estaría eludiendo se encuentran:
- Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles para prestadores.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas.
- Auditorías y mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Transparencia en la ejecución presupuestaria y compensaciones para centros de día y talleres.
- Cumplimiento efectivo del 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público.
En ese marco, la legisladora fue contundente: “El gobierno libertario no está dispuesto a respetar al Congreso de la Nación ni a escuchar los reclamos de los colectivos de personas con discapacidad”.
Críticas al modelo de gestión y advertencia sobre exclusión
Para Díaz, la maniobra encubre una política deliberada de ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables. «¿Hasta dónde permitiremos que llegue con semejantes políticas de exclusión y ajuste?», se preguntó en un mensaje que rápidamente circuló entre organizaciones de derechos humanos y del ámbito social.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada con amplio consenso legislativo y busca garantizar el acceso efectivo a prestaciones, inclusión laboral y condiciones dignas para las personas con discapacidad. El avance del Ejecutivo en una reglamentación que limite su aplicación podría desencadenar una ola de amparos judiciales y conflictos legales a lo largo del país.
Por ahora, el Gobierno no ha respondido oficialmente a las declaraciones de Díaz, pero en los distintos sectores del ámbito social crece la preocupación por un retroceso silencioso en materia de derechos adquiridos.
