El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad que el Congreso ratificó tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, la reglamentación no será inmediata: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que se postergará hasta definir el origen del financiamiento para su implementación.
Una ley aprobada con amplio respaldo
La norma fue impulsada por la oposición y contó con apoyo transversal en ambas cámaras. Superó cómodamente los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla.
En un primer momento, se especuló con que el Gobierno acudiría a la Justicia para frenar su aplicación. Sin embargo, Francos confirmó que se respetará la institucionalidad, aunque condicionada a los recursos disponibles.
Qué dice la ley de emergencia en discapacidad
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Podrán acceder quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), no superen los dos salarios mínimos en ingresos, y no perciban beneficios similares.
El monto será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que se respeten los topes. La norma también prevé la transformación automática de pensiones previas al nuevo régimen, sin necesidad de trámites adicionales.
Además, se establece la actualización automática mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, según el índice de precios del consumidor (IPC) del INDEC.
Otro punto importante es el régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema. Incluye condonación de intereses, multas y posibilidad de refinanciación.
Impacto fiscal y controversia
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la ley podría implicar entre 493.000 y 946.000 nuevas pensiones, con un costo fiscal de entre $1,8 y $3,6 billones, equivalente a entre 0,22% y 0,42% del PBI.
A eso se suma la compensación de emergencia a prestadores, con un costo estimado de $278.323 millones, y una asignación de $7.160 millones para talleres protegidos.
Francos fue categórico: “No me pueden endilgar que yo vea las partidas. ¿A quién le sacamos? ¿A los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, sentenció.
Trasfondo político y escándalos en la ANDIS
La ley fue sancionada en un contexto de crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, luego de una auditoría polémica que redujo significativamente la cantidad de beneficiarios.
A esto se sumó un escándalo institucional: la salida de Diego Spagnuolo de la ANDIS tras la difusión de audios que revelaban un presunto circuito de coimas con droguerías y funcionarios.
Si bien la ley fue presentada antes de estos hechos, su divulgación generó un efecto político multiplicador, impulsando el respaldo legislativo final.
Ahora, con la norma promulgada, el foco se traslada al Congreso y al Ejecutivo para resolver la gran incógnita: cómo se financiará su puesta en marcha.
