La promulgación con suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 681/2025 desató un nuevo conflicto entre el Gobierno y el Congreso. La medida presidencial dejó la norma aprobada con insistencia parlamentaria en un limbo jurídico, a la espera de financiamiento en el presupuesto nacional.
La oposición habla de inconstitucionalidad
La diputada Julia Strada, una de las principales impulsoras de la ley, fue categórica: “No se puede suspender una ley que tiene insistencia parlamentaria. El Ejecutivo debe cumplirla”. Según su planteo, el artículo 5 de la Ley 24.629 no puede aplicarse en este caso, ya que el Congreso decidió sostener la norma incluso después del veto presidencial.
Desde distintos bloques opositores advirtieron que el decreto representa una “desobediencia” al Parlamento y adelantaron que podrían recurrir a la Justicia para reclamar la plena vigencia de la norma. Para ellos, la suspensión equivale a un veto encubierto que contradice el espíritu del sistema republicano.
El argumento oficial
El Gobierno insiste en que no hay fondos para aplicar la ley. Los considerandos del decreto señalan que la implementación inmediata demandaría $3 billones en 2025, cifra que no está contemplada en el presupuesto vigente. “Sin financiamiento aprobado, no se puede ejecutar la norma sin desfinanciar otras áreas esenciales”, remarcaron fuentes de Casa Rosada.
En este sentido, el Ejecutivo sostiene que no desconoce la validez de la ley, sino que la aplica bajo condición suspensiva hasta que el Congreso disponga los recursos necesarios. “Es un cumplimiento diferido, no un incumplimiento”, remarcan en Balcarce 50.
El trasfondo político
La controversia expone el delicado equilibrio de poderes en un Congreso que ya había demostrado músculo al rechazar el veto presidencial mediante la insistencia. Con el decreto, el Gobierno devuelve la presión al Legislativo, dejando en claro que no asumirá un gasto sin respaldo presupuestario.
Organizaciones sociales y asociaciones de personas con discapacidad advirtieron que la pulseada política no puede postergar los derechos consagrados en la ley. Para los beneficiarios y prestadores del sistema, cada día de demora implica un perjuicio concreto en coberturas, pensiones y compensaciones económicas.
La disputa por la Ley de Discapacidad podría derivar en un capítulo judicial, con la Corte Suprema como eventual árbitro entre un Congreso que reclama cumplimiento pleno y un Ejecutivo que se escuda en la falta de recursos. El debate, más allá de lo jurídico, revela la tensión de fondo: quién define el ritmo de las políticas sociales en un contexto de crisis económica y escasez de dólares.
