Un grupo de diputados encabezado por Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de avanzar en una moción de censura luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. La norma había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso tras superar un veto presidencial.
Los fundamentos del pedido de interpelación
El proyecto enumera una serie de causales graves: la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025 (que suspende la ley), el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación presupuestaria adecuada para ejecutar políticas públicas ya aprobadas. Cada uno de estos puntos será debatido y votado de forma independiente en el recinto.
¿Qué es la moción de censura?
La moción de censura es un mecanismo incorporado en la reforma constitucional de 1994, que permite al Congreso interpelar y eventualmente remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Se trata de un procedimiento en dos etapas: primero, se debe aprobar una solicitud de interpelación por mayoría absoluta en una de las cámaras; luego, una vez realizada esa instancia, se puede votar la remoción del funcionario, también por mayoría absoluta.
A diferencia de otros sistemas parlamentarios, en Argentina la moción de censura no implica la caída del gobierno ni compromete la figura del Presidente. Su efecto directo es la remoción del funcionario interpelado, quien puede ser reemplazado por decisión del Presidente o, en casos extremos, mediante juicio político.
Una ley con respaldo social, político y ahora frenada
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue inicialmente vetada por el Ejecutivo, pero volvió a cobrar vigencia al obtener el apoyo de dos tercios de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, este lunes, el Gobierno nacional anunció su suspensión temporal bajo el argumento de “garantizar coherencia con el Presupuesto 2026 y la planificación financiera nacional”.
Desde el Ejecutivo indicaron que “toda política pública debe tener respaldo presupuestario claro” y que la norma fue suspendida “hasta tanto se definan fuentes de financiamiento específicas”.
Asignación de fondos: ¿solución o parche?
Paralelamente, la Decisión Administrativa 24/2025 modificó partidas presupuestarias para aumentar los pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas. En total, se reasignaron más de $121.000 millones a través de recortes en otras áreas del Tesoro Nacional.
Para la oposición, sin embargo, esta medida es insuficiente. Argumentan que la ley suspendida garantiza derechos más amplios y estructurales para las personas con discapacidad, mientras que la reasignación responde a urgencias de corto plazo. También advierten sobre un conflicto institucional entre el Congreso y el Ejecutivo por el uso de decretos para invalidar normas aprobadas.
El debate promete escalar en los próximos días, con un Congreso cada vez más dispuesto a utilizar herramientas constitucionales para ejercer control sobre el gabinete y exigir explicaciones por políticas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
