El fiscal federal Franco Picardi presentó este miércoles un dictamen en el que rechaza el pedido de nulidad formulado por la familia Kovalivker en la causa que investiga presuntos pagos ilegales entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina.
Defensa del proceso y fundamentos del fiscal
Picardi sostuvo que “cada una de las medidas adoptadas” durante la investigación fueron pertinentes, legales y razonables, y que no hay vulneración de derechos constitucionales en el desarrollo del expediente. Según argumentó, la causa no se inició por los audios, sino por una denuncia originada por el abogado Gregorio Dalbón, que ya contaba con elementos suficientes para avanzar judicialmente.
Además, recordó que el Poder Ejecutivo —a través de un decreto— apartó a Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini y ordenó la intervención de ANDIS, lo cual, según el fiscal, otorga reconocimiento público a la verosimilitud de las denuncias. “¿Si el propio PEN reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas… qué se espera que haga la justicia penal?”, planteó.
Audios, privacidad y contexto público
En relación con los argumentos de la defensa sobre vulneración de intimidad o supuestas manipulaciones, Picardi fue taxativo: Spagnuolo era funcionario público de alto rango, lo que reduce su expectativa de privacidad, y las conversaciones aludían a hechos de corrupción con impacto social.
A su vez, señaló que las audiencias no son el eje exclusivo: hay testimonios previos, como el del consultor Fernando Cerimedo, quien declaró que Spagnuolo le había relatado presuntas maniobras corruptas antes de que los audios se hicieran públicos.
El futuro inmediato en manos del juez Casanello
Ahora le toca al juez federal Sebastián Casanello decidir si acepta o rechaza el pedido de nulidad de la familia Kovalivker. La querella, representada por Poder Ciudadano, ya expresó su oposición al cierre del expediente, al igual que la fiscalía.
Mientras tanto, la causa ANDIS continúa sumando capítulos: audios, testimonios y decisiones políticas que la transforman cada vez más en un caso emblemático de cómo la justicia y la política se entrecruzan en la Argentina actual.
