Un fallo judicial dejó al descubierto la crudeza del accionar de las fuerzas de seguridad durante una protesta frente al Congreso Nacional. La jueza federal María Servini procesó al cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, por el delito de abuso de armas agravado, tras comprobar que disparó su lanzagases en forma directa y reiterada contra manifestantes y periodistas, violando los protocolos vigentes.
El disparo que lo cambió todo
El hecho ocurrió el pasado 12 de marzo en el marco de una protesta encabezada por jubilados. Allí, el fotoperiodista Pablo Grillo fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas calibre 38 mm, disparado desde una distancia de 47 metros mientras documentaba el operativo de seguridad.
Contrario a lo estipulado por los manuales oficiales, que exigen que estos cartuchos se disparen en ángulo oblicuo hacia el suelo, Guerrero lo hizo de manera directa hacia la multitud. El resultado: una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, según detalla el fallo judicial.
“Dolo eventual”: la figura clave
La magistrada calificó el accionar del gendarme bajo la figura de dolo eventual, es decir, que fue consciente del posible daño que podía causar y aun así decidió ejecutar el disparo. “El aquí procesado se representó la posibilidad de producir las lesiones gravísimas, y con su actitud o predisposición psíquica, le resultó indiferente la eventualidad del resultado”, señala la resolución.
Lejos de tratarse de un error por inexperiencia, Guerrero es un agente con diez años de servicio y se desempeña como instructor de tiro. Conocía a fondo el arma utilizada, cuyo manual advierte expresamente que jamás debe dirigirse hacia personas debido a su poder lesivo.
Una defensa oficial sin respaldo
En declaraciones anteriores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había defendido públicamente el accionar del cabo Guerrero, asegurando que se había ajustado al protocolo. No obstante, esa versión fue desmentida por el Mapa de la Policía, que difundió una serie de imágenes en las que se observa al gendarme apuntando directamente al cuerpo de Grillo. Luego del disparo, incluso se registraron imágenes donde los efectivos celebran lo sucedido.
Secuelas irreversibles y una respuesta judicial leve
Tras el ataque, Grillo fue internado en terapia intensiva, pasó por múltiples cirugías y, a casi siete meses del hecho, sigue en estado crítico con secuelas neurológicas y físicas de extrema gravedad. A pesar de la magnitud del daño, la jueza no dictó prisión preventiva para Guerrero, limitándose a imponerle una prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente y un embargo de $203 millones.
La identificación del gendarme fue posible gracias al análisis de imágenes y videos difundidos por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, en los que se lo distingue por su uniforme caqui y una inscripción en el casco con el apodo «Picha».
Este caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, con consecuencias que afectan directamente a periodistas, trabajadores y jubilados que ejercen su derecho a la protesta.
