La situación judicial del influencer Santiago Maratea se complicó tras su inasistencia a la audiencia prevista para el pasado 26 de septiembre ante el Juzgado Correccional Nº2 de La Plata. La citación estaba vinculada a la denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, que lo acusa de promocionar productos alimenticios sin contar con un título habilitante.
Una causa por ejercicio ilegal de la profesión
El detonante del conflicto fue la difusión en redes sociales de un video en el que Maratea promociona el producto «No Carb», una infusión que, según su relato, «ayuda a adelgazar». Este tipo de declaraciones motivó la preocupación del organismo profesional por la posibilidad de que se trate de publicidad engañosa en temas de salud, con impacto en la opinión pública.
La entidad sostiene que el influencer incurrió en el ejercicio ilegal de la profesión de nutricionista, una falta que puede acarrear sanciones legales. Pese a haber sido debidamente notificado, Maratea no se presentó a declarar, lo que obligó a las autoridades judiciales a realizar una búsqueda en los domicilios registrados con el objetivo de dar con su paradero.
Inconsistencias en los datos y nuevas medidas
Durante el intento de localización, los funcionarios detectaron inconsistencias entre el domicilio fiscal declarado y el registrado en el RENAPER, lo que dificultó aún más la diligencia judicial. Ante esta situación, el tribunal dispuso nuevas medidas de localización y advirtió sobre posibles sanciones más severas en caso de persistir la incomparecencia.
El trasfondo del enfrentamiento
El enfrentamiento entre Maratea y el Colegio de Nutricionistas no es nuevo, pero esta denuncia judicial marca un punto de inflexión. En sus declaraciones públicas, el influencer apuntó contra los profesionales del área, afirmando: «Si lo quieren probar, háganlo con información, no como los nutricionistas arrogantes que, a pesar de tener un título, no investigan y desinforman».
Desde el colegio profesional, remarcaron la responsabilidad que implica comunicar sobre salud pública sin la formación adecuada, advirtiendo sobre los riesgos de difundir mensajes sin aval científico a través de plataformas con amplio alcance.
El caso reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la necesidad de garantizar contenidos responsables cuando se trata de temas que afectan el bienestar de la población.
