El Gobierno nacional oficializó la autorización para la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, una medida que reemplaza la histórica prohibición que regía desde la década del noventa. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y establece un nuevo régimen de permisos bajo la órbita del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
Un cambio estructural en el control de armas
La resolución dispone que el RENAR asuma la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, consolidando la normativa y derogando disposiciones anteriores. A partir de ahora, los legítimos usuarios y entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.
El Ejecutivo argumenta que la medida busca reemplazar la prohibición por un sistema de control más preciso, con trazabilidad documental, declaraciones juradas y registros específicos. Según fuentes oficiales, el objetivo es evitar que armamentos que ya estaban en circulación permanezcan fuera del sistema de control estatal.
Los requisitos para obtener la autorización
El nuevo régimen exige una serie de condiciones estrictas. Los solicitantes deberán:
- Acreditar la identificación exacta del arma: tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
- Contar con un Sector de Guarda tipo G2 aprobado como sistema de almacenamiento seguro.
- Presentar una declaración jurada justificando la solicitud y documentación probatoria, incluidas fotografías del arma.
- Abonar las tasas equivalentes a la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.
- Demostrar usos deportivos comprobados, ya sea mediante certificación de una entidad de tiro, participación en certámenes oficiales o solicitud avalada por un club habilitado.
- No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR.
- Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
- Proveer información adicional que el RENAR considere necesaria para evaluar la pertinencia del permiso.
Antecedentes y marco legal
En junio de este año, el Gobierno ya había dado el primer paso al derogar el Decreto 64/1995, firmado durante la presidencia de Carlos Menem, que prohibía a civiles adquirir este tipo de armamento salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa. Aquella restricción había sido considerada obsoleta por el oficialismo, que argumentó la necesidad de “modernizar” el control y dar mayor transparencia al sistema.
El nuevo esquema transforma la estructura administrativa que antes regía bajo la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que ahora vuelve a denominarse RENAR. Este organismo tendrá potestad exclusiva sobre el registro, control y fiscalización del armamento civil, dejando sin efecto las resoluciones 81/02, 54/04, 155/04 y 239/09 del régimen anterior.
Debate social y críticas
Mientras el Gobierno defiende la medida como una actualización técnica y administrativa, distintos sectores advirtieron sobre los posibles riesgos. Organizaciones vinculadas a la seguridad ciudadana y el control de armas alertaron que el acceso a armamento de alto calibre por parte de civiles podría incrementar los riesgos de violencia armada en contextos urbanos.
El debate promete intensificarse en las próximas semanas. Desde los clubes de tiro celebran la decisión por considerarla “una regularización necesaria”, mientras especialistas en seguridad piden reforzar los mecanismos de supervisión y control efectivo para evitar desvíos hacia el mercado negro.
Por lo pronto, la medida ya marca un punto de inflexión: por primera vez en tres décadas, el Estado argentino habilita la tenencia civil de fusiles semiautomáticos, confiando en que los mecanismos burocráticos sean más fuertes que la tentación del gatillo fácil.
