El Gobierno nacional oficializó este martes la eliminación del control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, a través del decreto 787 publicado en el Boletín Oficial.
Las instituciones fijarán libremente sus cuotas
Con esta medida, los establecimientos educativos de gestión privada podrán determinar de forma autónoma los montos de matrículas y cuotas mensuales, sin necesidad de obtener aprobación previa por parte del Estado, como era requerido hasta ahora.
El decreto establece que el cambio tiene como objetivo «favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad».
Fin de un régimen que duró 30 años
El sistema anterior había sido implementado hace tres décadas y establecía un esquema de control en el que el Estado debía autorizar los valores fijados por las instituciones. Según argumenta el Ejecutivo, esa normativa implicaba «limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país».
Con esta decisión, el Gobierno da un nuevo paso en su agenda de desregulación del sistema educativo y redefine el vínculo entre el Estado y las instituciones privadas, habilitando una mayor autonomía en la gestión de sus recursos financieros.
El Gobierno nacional derogó el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados mediante el decreto 787. A partir de ahora, las instituciones de gestión privada podrán fijar libremente los montos de matrículas y cuotas mensuales sin necesidad de aprobación estatal. La medida pone fin a un sistema que estuvo vigente durante 30 años.
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Después de tres décadas, el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados pasó a mejor vida. Con la firma del decreto 787, el Gobierno nacional dio vía libre para que las instituciones educativas de gestión privada puedan fijar sus precios como si fueran cafeterías boutique: sin preguntar, sin pedir permiso y sin mirar atrás.
La medida promete «favorecer un entorno más propicio para la gestión», aunque en la práctica también podría favorecer un aumento de cuotas tan vertiginoso como un boletín en fin de trimestre. Ahora, la próxima reunión de padres podría convertirse en una asamblea económica y el preceptor en asesor financiero.
Ya no habrá más formularios de autorización ni límites establecidos por el Estado: las escuelas privadas se autogestionarán sus tarifas con la misma libertad con la que los alumnos dibujan corazones en los márgenes del cuaderno. Y así, la vieja idea del control estatal sobre la educación paga queda archivada junto a los libros de texto que nadie revisa desde 1995.
El mercado regula, dicen. Aunque más de una familia ya está sacando cuentas, ajustando números y esperando que el nuevo “entorno propicio” no venga con cuota extraordinaria incluida.
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