El Gobierno nacional actualizó el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales, con el objetivo de evitar aumentos arbitrarios en las cuotas y permitir que los ajustes acompañen de forma más razonable la evolución económica general del país.
Adiós al decreto 2417/93 y a los aumentos proyectados a ciegas
A propuesta del Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo dispuso la derogación del Decreto Nº 2417/1993, que obligaba a los colegios privados a informar antes de noviembre de cada año el importe de la matrícula y el valor de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Este esquema llevaba a que los colegios fijaran precios en base a proyecciones inciertas, impulsando aumentos anticipados que terminaban superando ampliamente la inflación real.
Por ejemplo, en 2024 la inflación general fue del 117,8%, pero las cuotas escolares aumentaron un 169%, lo que implicó un 44% adicional sobre el promedio de los bienes y servicios de la economía. En lugar de brindar previsibilidad a las familias, el sistema anterior terminaba forzando subas excesivas, encareciendo el acceso a la educación privada.
Ajustes graduales y transparencia en los costos
Con la derogación del decreto y la habilitación de ajustes graduales, el Gobierno busca que los colegios puedan definir sus aranceles de manera más realista, según sus costos y posibilidades, dentro de un marco transparente y previsible. Esto permitirá que las cuotas acompañen la evolución de la economía sin “saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”.
La medida beneficiará principalmente a las familias, al evitar incrementos desproporcionados y estabilizar el gasto educativo respecto de otras partidas del hogar. Se espera además que los colegios ganen en autonomía y previsibilidad financiera.
Un nuevo esquema para un sector clave
El cambio alcanza a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan aproximadamente el 6% del total de establecimientos educativos del país, unas 2.000 instituciones distribuidas en todo el territorio. Con esta actualización, el sistema se alinea con el régimen federal vigente que rige para otras entidades educativas, como universidades e institutos, que no están sujetas a las restricciones del decreto derogado.
Según el texto oficial, la modificación “favorece un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”. Además, se instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar y actualizar el Decreto N.º 2542/1991 para consolidar un esquema más claro y acorde con la realidad económica actual.
En síntesis, la medida busca equilibrar la relación entre las escuelas y las familias, evitar distorsiones en los precios y garantizar un sistema educativo privado más sostenible, competitivo y previsible.
