La Asamblea Jáchal No Se Toca judicializó la mortandad masiva de peces registrada el 3 de noviembre en el Dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia, provincia de San Juan. El hecho está siendo investigado por la Justicia bajo el legajo N° MPF-JA-00734-2025.
La organización ambiental denunció que la situación podría estar relacionada con un nuevo derrame de mercurio desde la mina Veladero, operada por Barrick Gold. La presentación formal se realizó el 5 de noviembre, ante la Unidad Fiscal del Norte (Jáchal). Según la Asamblea, este derrame sería la causa del envenenamiento del agua, lo cual explicaría la muerte de miles de peces, principalmente pejerreyes, que aparecieron en las costas del embalse.
La versión oficial y los estudios independientes
El 6 de noviembre, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió un comunicado oficial atribuyendo el episodio a condiciones naturales: «El evento estaría asociado a bajos niveles de oxígeno disuelto (hipoxia) en zonas costeras con poca circulación y acumulación de materia orgánica».
No obstante, el 7 de noviembre, la Asamblea realizó mediciones propias junto a especialistas, que revelaron niveles de oxígeno disuelto óptimos para la vida acuática, entre 7,84 mg/L y 9,16 mg/L. «No hay hipoxia», afirmaron. “Los pejerreyes pueden vivir sin problemas con 6 mg/L de oxígeno disuelto; entonces, ¿por qué murieron miles?”, cuestionaron.
Exigen estudios sobre metales pesados y acción gubernamental
Con estos datos, la organización sostiene que la versión oficial es falsa y que existe un posible encubrimiento de contaminación minera aguas arriba. En consecuencia, exigieron al Gobernador Marcelo Orrego y al intendente Matías Espejo que soliciten, de manera urgente, a la Universidad Nacional de Cuyo la realización de análisis de agua, barros y peces en el Dique Cuesta del Viento y en los ríos que lo alimentan: Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal.
También señalaron que hace más de dos años no se aplican los controles exigidos por la Ordenanza Agua Segura. Por ello, reclaman pruebas técnicas fehacientes y transparentes sobre la posible presencia de metales pesados y compuestos derivados de la actividad minera.
“El gobierno debe decir la verdad sobre lo que está pasando con el agua en Iglesia”, sentenciaron desde la Asamblea, mientras la investigación judicial comienza a avanzar.
