El gobierno de Javier Milei avanza con su estrategia de acelerar el tratamiento legislativo de su programa económico y convocará a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, con una agenda que incluye proyectos de alto impacto político y social.
Los proyectos que quiere aprobar el oficialismo
Entre los temas que el Ejecutivo buscará debatir en ese período se encuentran el Presupuesto 2026, una reforma laboral que ya generó rechazo en los sectores sindicales, y la ley de Glaciares, cuya posible modificación ha despertado alarma en sectores ambientalistas.
La Casa Rosada considera que aprobar estos proyectos antes del cierre del año legislativo enviaría una señal positiva a los mercados financieros y a potenciales inversores. No obstante, la aceleración del proceso también genera resistencia entre las organizaciones sociales, sindicales y sectores de la oposición.
Tensión con la CGT y amenaza de medidas de fuerza
La CGT expresó un fuerte rechazo a la propuesta de reforma laboral que impulsa el Gobierno. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, advirtió que si no se escuchan los reclamos del movimiento obrero, la central sindical convocará a medidas de fuerza antes de fin de año.
“De no ser escuchados los reclamos, la CGT convocará a medidas de fuerza en contra del proyecto del gobierno, en las últimas semanas de diciembre”, expresó Martínez tras el Consejo de Mayo, una instancia convocada en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según trascendió, durante el encuentro no se discutieron modificaciones al proyecto, y Sturzenegger se limitó a señalar que el Consejo tiene carácter “consultivo” y que prevalece la posición del Poder Ejecutivo.
Más reformas para febrero
Además de los proyectos de diciembre, el Presidente evalúa habilitar una segunda tanda de sesiones extraordinarias en febrero, para tratar otras propuestas incluidas en el Pacto de Mayo, entre ellas una reforma tributaria y la modificación del Código Penal.
La intención del Gobierno es acelerar la implementación de reformas estructurales, aun a costa de profundizar la confrontación con sectores sindicales y sociales, que denuncian un intento de avanzar sin consenso en temas sensibles como los derechos laborales.
Tras una nueva reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo, Martínez fue contundente: “Si el Gobierno sigue adelante con el proyecto de Sturzenegger que busca romper los derechos adquiridos y los consagrados en la Constitución, la CGT tiene una definición: ni un paso atrás”.
