Australia prohibirá a los menores de 16 años el acceso a redes sociales a partir del 10 de diciembre, con multas millonarias para las plataformas que incumplan. La medida, que busca proteger la salud mental juvenil, enfrenta la resistencia de empresas tecnológicas, que advierten sobre la pérdida de supervisión parental, y la de los propios adolescentes, algunos de los cuales ya han recurrido a la justicia. La efectividad de la verificación de edad y la facilidad para eludir la prohibición mediante VPNs generan un intenso debate.
Australia se prepara para un terremoto digital: a partir del próximo miércoles, la tierra de los canguros dirá «no» rotundo a los menores de 16 años en redes sociales. La ley, pionera y con vocación de sentar precedente, no solo impedirá la creación de nuevas cuentas, sino que obligará a desactivar y eliminar las ya existentes. La decisión, que sacude el tablero global de la conectividad, llega cargada de interrogantes y, como era de esperarse, ha puesto en pie de guerra tanto a los gigantes tecnológicos como a los propios usuarios más jóvenes.
El dilema de la edad: ¿verificación imposible o control parental encubierto?
La respuesta de las plataformas era, por decirlo suavemente, previsible. Expuestas a multas millonarias que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (unos 28 millones de euros), rápidamente desplegaron sus argumentos, aunque el aroma a conveniencia económica era casi tan fuerte como el de un asado dominical. Google, propietaria de YouTube –un verdadero imán para los jóvenes–, ya anticipó que la prohibición podría generar el efecto contrario al deseado. Su argumento: al no poder los menores iniciar sesión por sí mismos, los padres perderán la capacidad de supervisar sus cuentas. Una directiva australiana de la compañía lo dejó claro: «Ya no podrán usar los controles que hayan configurado, como elegir una configuración de contenido adecuada o bloquear canales específicos». Una preocupación genuina, claro, que casualmente coincide con la posibilidad de perder una porción nada despreciable de su audiencia.
Adolescentes a la carga: de la viveza criolla a la Justicia
Pero la verdadera rebeldía, la que no necesita disfraces digitales, llegó de la mano de los propios adolescentes. Mientras algunos, con una «viveza» que aquí conocemos bien, se apuraron a crear cuentas con edades falsas o gestionarlas en conjunto con sus padres –abriendo así una caja de Pandora de contenidos sin filtro–, otros decidieron dar un paso más audaz. Noah Jones y Macy Neyland, dos jóvenes de 15 años, presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Australia. Su argumento no es menor: la ley vulneraría su derecho constitucional a la libertad de comunicación política.
«Esta prohibición debería preocupar a todos los australianos», sentenció el diputado libertario John Ruddick, quien acompaña a los adolescentes en su cruzada judicial. Y fue más allá, poniendo el dedo en la llaga de una cuestión que incomoda: «A partir del día 10, no solo los niños no podrán usar redes, sino que el resto de nosotros tendremos que demostrar nuestra edad y potencialmente aportar nuestro carnet de identidad, incluso para acceder a las plataformas». La pregunta flota en el aire: ¿es este el inicio de un control de identidad generalizado en el mundo digital?
¿Es posible controlar lo incontrolable? El laberinto de la verificación
Precisamente, el «cómo» es el gran elefante en la habitación. El gobierno australiano, con una maniobra digna de prestidigitador, les pasó la pelota a las plataformas: ellas serán las responsables de asegurar que no haya usuarios menores de 16 años. Esto implica implementar algún tipo de verificador de edad, pero ni el método ni su efectividad están claros. ¿Qué mecanismo garantizará que la identificación no sea burlada? ¿Será una validación por documento, una verificación biométrica o alguna otra tecnología aún por definir?
Mientras tanto, la sabiduría popular ya encontró la grieta en el sistema: las redes privadas virtuales (VPN). Un método sencillo que permite conectarse a internet a través de servidores de otros países, sorteando así las limitaciones geográficas y las restricciones impuestas en el país de origen. Si la prohibición es un muro, las VPNs parecen ser la escalera que todos los jóvenes «prohibidos» ya están descargando.
La salud mental en juego: el motor de una prohibición sin precedentes
Pero, para ser justos, el gobierno australiano no se lanzó a esta cruzada por capricho. Los datos que manejan son, sencillamente, contundentes. Un estudio encargado por Canberra reveló que el 96% de los niños entre 10 y 15 años usa redes sociales. De ellos, la friolera del 70% ha estado expuesto a contenidos y comportamientos dañinos: desde mensajes misóginos y videos violentos hasta la promoción de trastornos alimentarios o, incluso, el suicidio. El diagnóstico es lapidario: el «diseño [de las propias plataformas] que los incita a pasar más tiempo frente a las pantallas, a la vez que les ofrece contenido que puede perjudicar su salud y bienestar».
El propio primer ministro, Anthony Albanese, ya advertía el año pasado sobre el riesgo que el uso excesivo de redes sociales supone para la salud física y mental de los menores, haciendo especial hincapié en el impacto sobre las niñas, debido a representaciones nocivas de la imagen corporal y los contenidos misóginos que circulan sin filtro.
La iniciativa australiana no es un caso aislado. En España, una ley similar está en tramitación parlamentaria, elevando también la edad mínima a los 16 años. El desafío es el mismo: encontrar un mecanismo de verificación de edad infalible. Un rompecabezas tecnológico que la Comisión Europea, junto con España, ya está intentando resolver con proyectos piloto. Lo que está claro es que el debate recién empieza y que el mundo digital, lejos de ser un espacio sin reglas, se prepara para una nueva era de control… o de evasión.
