El debate en torno al nuevo proyecto de reforma laboral ha trascendido la discusión sobre las condiciones de contratación para centrarse en un aspecto fiscal de alto impacto: la modificación del Impuesto a las Ganancias para el sector corporativo. La iniciativa propone, específicamente en su artículo 191, una reducción de las alícuotas que pagan las grandes empresas, lo que se traduciría en una merma significativa de la recaudación nacional y, por efecto dominó, en los recursos que reciben las provincias.
La propuesta busca alterar el régimen de tributación de las sociedades de mayor envergadura, poniendo el foco en aquellas cuyo volumen de ganancias supera los 100 millones de pesos anuales. Bajo la normativa actual, el esquema es progresivo en tres tramos: un 25% para ganancias de hasta 100 millones; un 30% para el segmento de 100 a 1.000 millones; y una tasa máxima del 35% para aquellas que superan los 1.000 millones de pesos.
Beneficios concentrados en la cúpula empresarial
La reforma establece una compresión de las tasas en los escalones más altos de la pirámide. El proyecto plantea que la alícuota del 30% descienda al 27%, mientras que la tasa máxima del 35% se reduciría al 31,5%. Si bien los porcentajes pueden parecer ajustes técnicos, el impacto económico es mayúsculo: el costo fiscal estimado asciende a unos 3,1 billones de pesos, lo que representa aproximadamente un 0,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
El análisis de los datos revela que el beneficio no será transversal, sino que se concentrará en un «grupo selecto» de compañías. Se estima que este pequeño núcleo de gigantes empresarios dejará de tributar cerca de 1,75 billones de pesos del total del costo fiscal. Entre las beneficiarias se encuentran las firmas de mayor facturación del país, abarcando sectores estratégicos como energía, finanzas, retail y siderurgia. La lista incluye nombres de peso como YPF, Grupo Techint, Mercado Libre, Arcor, Grupo Clarín, Pampa Energía y Cencosud, además de entidades bancarias como Galicia, Supervielle y BBVA, y empresas de servicios como Edenor y AES Argentina.
Alerta en las cuentas provinciales
La contracara de este alivio fiscal para el sector privado es el impacto directo en las arcas públicas, y específicamente en las administraciones provinciales. Dado que el Impuesto a las Ganancias es un tributo coparticipable, cualquier reducción en su recaudación afecta automáticamente los fondos que la Nación gira a las provincias.
El sistema de coparticipación federal, columna vertebral del financiamiento de los distritos del interior, establece la distribución automática de una parte de los impuestos recaudados. Con una merma proyectada en billones de pesos, los gobernadores observan con preocupación cómo esta reforma podría desfinanciar sus presupuestos locales, obligando a reajustes en la gestión pública en un contexto económico ya de por sí desafiante.
