En el marco de una semana decisiva para la administración central, la mesa política de la Casa Rosada decidió avanzar con una estrategia de urgencia para asegurar la sanción del Presupuesto 2026. Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición rechazó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, el oficialismo ha optado por insistir con el texto original en el Senado, aunque contemplando una serie de modificaciones negociadas para destrabar el debate.
El cronograma del oficialismo
La decisión fue consensuada este jueves durante una cumbre que se extendió por casi dos horas en el Salón de los Escudos de Balcarce 50. El encuentro contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo y el operador Ignacio Devitt. El presidente Javier Milei solo tuvo una breve participación administrativa para actualizar su firma digital antes de su vencimiento.
El plan trazado por el Ejecutivo establece un calendario estricto: buscar el dictamen de comisión este viernes para convocar a sesión en la Cámara Alta el próximo 26 de diciembre. De cumplirse este paso, el texto con las modificaciones sería girado nuevamente al recinto de Diputados el 29 de diciembre, coincidiendo con el último día del plazo de las sesiones extraordinarias.
Negociaciones con las provincias y el «Plan B»
A pesar de que la intención inicial de La Libertad Avanza era sostener la iniciativa sin alteraciones, fuentes cercanas al encuentro confirmaron que el Gobierno está dispuesto a escuchar a los gobernadores aliados y senadores para «trabajar sobre el capítulo 11». Este punto, que generó fuertes resistencias en la Cámara Baja, podría sufrir cambios estructurales siempre que se mantenga el principio de equilibrio fiscal.
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que existen «temas importantes sobre los que podemos hablar, como el energético o, incluso, la coparticipación de la Ciudad». Esta apertura al diálogo representa el denominado «Plan B», descartando momentáneamente la opción de un veto total al Presupuesto, medida que el Presidente evaluó ante el rechazo de los artículos que otorgaban facultades extraordinarias para la derogación de leyes.
Finalmente, a través de un comunicado oficial, el Gobierno defendió la importancia de la normativa al afirmar que el «Presupuesto 2026 es una herramienta clave para garantizar el equilibrio fiscal, ordenar las cuentas públicas y sentar las bases del nuevo modelo económico». El objetivo presidencial es lograr la sanción definitiva el 29 de este mismo mes, evitando así el vencimiento de los plazos constitucionales para el tratamiento en extraordinarias.
<p>La mesa política de la Casa Rosada definió un cronograma de urgencia para intentar sancionar el Presupuesto 2026 antes del cierre del año legislativo. Tras el rechazo opositor en Diputados a capítulos sobre discapacidad y universidades, el oficialismo buscará dictamen en el Senado este viernes para sesionar el 26 de diciembre y reenviar el texto corregido a la Cámara Baja el día 29.</p>
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Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie «Burocracia al límite», donde el destino de cuarenta y siete millones de argentinos se define en el Salón de los Escudos mientras el líder de las fuerzas del cielo se preocupa por lo verdaderamente importante: que no se le venza el token de la firma digital. En un despliegue de realismo mágico administrativo, Javier Milei pasó por Balcarce 50 con la urgencia de quien debe renovar el registro de conducir, dejando a su mesa chica la tarea de jugar al TEG con el presupuesto nacional. Es fascinante observar cómo la épica libertaria se reduce, por un momento, a un trámite en una oficina del Estado, recordándonos que incluso los leones deben lidiar con la fecha de caducidad de sus certificados electrónicos antes de seguir rugiendo contra la inflación.
Mientras el Presidente actualizaba su identidad virtual, Manuel Adorni, los dos Caputo, Patricia Bullrich y compañía se encerraban para diseñar el «Plan B», una suerte de laberinto legislativo que haría palidecer a los guionistas de House of Cards. Tras el cachetazo en Diputados —donde la oposición se puso firme con el financiamiento universitario y la discapacidad—, la cúpula oficialista descubrió que el equilibrio fiscal es un dogma sagrado, pero que los votos de los gobernadores se consiguen hablando de energía y coparticipación. Parece que el manual de la «nueva política» ha incorporado un capítulo clásico de la vieja guardia: si no podés ganar con el texto original, empezá a llamar a las provincias para ver cuánto cuesta el apoyo en el Senado, siempre y cuando el déficit cero no se mueva, o al menos parezca que no se mueve.
El cronograma propuesto es una oda al suspenso: dictamen este viernes, sesión el 26 —entre el turrón de Navidad y la sidra— y un reenvío desesperado a Diputados el 29 de diciembre, apenas horas antes de que el reloj de las sesiones extraordinarias se convierta en calabaza. Es una carrera contra el tiempo donde el Gobierno intenta «contentar» al jefe de Estado, quien ya evaluaba el veto como un «Plan C» si la realidad no se ajustaba a sus deseos. En este ecosistema de negociaciones a contrarreloj, el presupuesto es la «herramienta clave», pero también la excusa perfecta para ver hasta qué punto el «círculo rojo» puede convivir con las fuerzas del cielo sin que colapse el sistema parlamentario. Al final, todo se resume en llegar al 29 con una ley bajo el brazo, mientras el resto de los mortales solo esperamos que el 2026 venga con menos sesiones extraordinarias y más firmas digitales vigentes.
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