El debate legislativo en torno a la denominada «Ley de Leyes» ha ingresado en un punto muerto estratégico. Ante la inviabilidad de reunir los votos necesarios para aprobar el texto original diseñado por el Ministerio de Economía, sumado a la negativa rotunda del presidente Javier Milei a negociar el equilibrio fiscal, el oficialismo ha tomado la determinación de suspender la discusión parlamentaria. La maniobra no radica en una promesa de benevolencia institucional, sino en un cálculo político frío: el Ejecutivo ha optado por retirar el debate para evitar el costo de vetar una normativa alterada por la oposición.
La estrategia predominante apunta ahora a la reconducción del Presupuesto 2024. Esta situación, lejos de representar un revés para la administración central, paradójicamente otorga al Poder Ejecutivo una mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos que la que tendría con una nueva ley aprobada bajo restricciones parlamentarias. Desde el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), la premisa del «Déficit Cero» se mantiene como una regla inquebrantable. El mandatario ya había advertido que cualquier modificación del Congreso que amenazara el superávit fiscal sería vetada inmediatamente, sentando precedentes con la Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario.
La «trampa» de la reconducción presupuestaria
Sin embargo, la utilización reiterada del veto presidencial conlleva un costo político e institucional elevado. Por este motivo, la narrativa oficial ha mutado: de la promesa de «no vetar» se ha pasado a la decisión táctica de «no aprobar algo que obligue al veto». Si el Congreso no sanciona una nueva normativa para 2025, el gobierno se ampara en la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156, Art. 27), que faculta al Ejecutivo a prorrogar el presupuesto vigente.
Esta prórroga ofrece a Javier Milei una ventaja táctica significativa en dos frentes:
- Discrecionalidad administrativa: Al carecer de partidas actualizadas por ley para el ciclo 2025, el Jefe de Gabinete adquiere mayor libertad para reasignar las partidas excedentes generadas por la inflación. Mientras la recaudación nominal aumenta, el gasto presupuestado se mantiene en los valores históricos bajos, permitiendo al Ejecutivo decidir el destino de la diferencia sin ataduras legislativas.
- Evitar el costo del veto: Al impedir que la ley salga del Congreso, el Presidente elude el desgaste de imagen que implicaría vetar aumentos para provincias o universidades. El argumento oficial se simplifica: «la oposición no quiso aprobar el presupuesto de déficit cero».
El reclamo de las provincias y el factor Francos
El punto de quiebre en las negociaciones fue la exigencia planteada por los gobernadores, tanto del peronismo como del PRO y la UCR. Los mandatarios provinciales presentaron cinco puntos clave que el gobierno nacional se negó a incorporar, anticipando que hacerlo implicaría un veto posterior. Los reclamos incluían el pago de deudas a las cajas previsionales provinciales, la coparticipación del Impuesto a los Combustibles, una distribución más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la reactivación de obras públicas y fondos específicos para universidades.
En este contexto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha declarado en medios radiales que «no se va a negociar el equilibrio fiscal», subrayando que la administración prefiere no contar con un presupuesto a tener uno deficitario. Los gobernadores han respondido con documentos exigiendo federalismo fiscal, advirtiendo que sin esos fondos no acompañarían la ley, lo que forzó al oficialismo a pausar el debate.
Ante la disyuntiva de negociar gastos —y perder la bandera del déficit cero— o vetar la ley —y asumir el costo político—, Milei ha optado por una tercera vía: gobernar 2026 con el presupuesto prorrogado. Los antecedentes inmediatos de los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario en octubre y a la Movilidad Jubilatoria en septiembre sirven como prueba de que la herramienta del veto está activa, reforzando la decisión estratégica de congelar el Presupuesto antes que exponerse a un tercer conflicto institucional de magnitud.
