La Justicia ordenó en las últimas horas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) informar qué ocurrió con los lingotes de oro que fueron trasladados al exterior durante 2024. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución de primera instancia que había avalado la reserva total de los datos y obliga a la autoridad monetaria a detallar —o justificar de manera precisa por qué no puede hacerlo— el destino de esos activos estratégicos.
La resolución, firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, sostiene que la respuesta del BCRA se basó en “meras afirmaciones genéricas” y que no logró demostrar de qué modo la divulgación de la información podría poner en riesgo la estabilidad financiera del país. Para el tribunal, la negativa vulneró principios básicos de transparencia y máxima divulgación que rigen el derecho de acceso a la información pública.
Para los magistrados, se trata de “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales. En el fallo se destacó que “la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”. Asimismo, el tribunal subrayó que el Estado está obligado a demostrar, “de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido”.
Falta de explicaciones concretas
El tribunal hizo hincapié en que el Banco Central no explicó “por qué no podría informar si existieron las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior y el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la existencia de expedientes administrativos o la eventual notificación a la sindicatura”.
En su momento, el BCRA se negó a dar a conocer los informes solicitados ya que consideraba que de esa manera se podría “exponer la ubicación geográfica de los activos y comprometer la seguridad de las reservas internacionales”, además de poner en riesgo la política cambiaria y la estabilidad del sistema bancario.
El origen del reclamo judicial
El caso se originó a partir de pedidos formales de la Asociación Bancaria, que en 2024 solicitó conocer detalles sobre eventuales envíos de lingotes al exterior: montos, fechas, decisiones administrativas, funcionarios intervinientes, costos logísticos y destino final. La entidad sindical, liderada por el diputado Sergio Palazzo, argumentó que la falta de información impedía ejercer un control ciudadano sobre decisiones que afectan la política monetaria.
El diputado de Unión por la Patria presentó en julio pasado un pedido de acceso a la información pública dirigido al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Palazzo exigió conocer “qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado, bajo qué características comerciales o de otra índole, a qué destino y si la operación se realizó con la transportadora Lumil y enviados por la aerolínea British Airways”. Según sostuvo el legislador, “el 7/06/2024 hubo una partida y el 28/06 hubo otra”.
En aquel momento, el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consideró que el diputado opositor “hace futurología” al anticiparse sobre determinadas variables del mercado. “Es difícil de entender cuál es el sustento de lo que dice Palazzo. La verdad que hace futurología porque me parece extraño que sepa cómo se va a desenvolver el mercado cambiario”, había declarado el funcionario.
La intervención de la Auditoría General
El fallo judicial se alinea con preocupaciones previas expresadas por otros organismos de control. El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, reveló en septiembre pasado que el BCRA restringió el intercambio de información sobre los lingotes y que no se puede determinar “dónde están”.
“El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, afirmó Olmos ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta. El funcionario aclaró que tampoco saben en la AGN qué “interés está rindiendo” ese activo ni si se han pagado seguros de traslado.
Ahora, la Justicia exige que el Banco Central entregue la información solicitada o explique, punto por punto, por qué cada dato específico podría generar un daño concreto. La resolución abre un escenario complejo: si la entidad insiste en mantener la reserva, deberá justificarlo con argumentos sólidos y verificables, abandonando la postura de confidencialidad estricta que mantuvo hasta la fecha.
