La temporada de verano en el partido de Pinamar ha comenzado bajo un clima de marcada tensión política y judicial. Lo que tradicionalmente se proyectaba como una etapa de reactivación económica para la región se ha transformado en un escenario de conflicto tras la aprobación de una nueva tasa municipal impulsada por el intendente Juan Ibarguren (PRO). Esta medida ha provocado una rebelión entre los propietarios de balnearios, quienes sostienen que el gravamen desequilibra de forma crítica la ecuación financiera de sus establecimientos.
Fuego cruzado por la presión impositiva
El conflicto escaló luego de que el Concejo Deliberante, contando con una mayoría oficialista, otorgara luz verde a un esquema tributario que impacta de manera directa sobre las concesiones de playa. De acuerdo con la Cámara de Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales de Pinamar, la nueva carga fiscal resulta desproporcionada y se implementa en un momento de vulnerabilidad para el sector debido a la notable caída en los niveles de consumo.
Fuentes del sector empresarial aseguran que la presión impositiva se ha vuelto «insostenible» y acusan a la administración local de intentar solventar el déficit financiero del Ejecutivo a expensas de la rentabilidad del sector privado. «Empezamos la temporada con una mochila que rompe cualquier previsión de costos», manifestaron representantes de los paradores, advirtiendo que este desajuste se traduce, sin margen de maniobra, en un incremento de las tarifas de los servicios ofrecidos a los veraneantes.
Precios de «gama alta» en la zona de costa
La traslación de la carga tributaria y el impacto de la inflación generalizada han configurado una estructura de precios en los paradores que obliga a los turistas a un replanteo estricto de sus gastos diarios. En la actualidad, consumir productos clásicos de la temporada en Pinamar requiere un presupuesto que ha alcanzado valores históricos:
- El choclo: Se comercializa a un precio de $14.000 la unidad en las áreas de carpas y servicios.
- Helados y refrescos: Los productos básicos parten desde los $7.000, con incrementos sujetos a la exclusividad de la zona o el balneario.
- Docena de churros: El valor oscila entre los $12.000 y $15.000, variando según el relleno y la ubicación del puesto de venta.
Perspectivas y riesgo de exclusión turística
El malestar entre los concesionarios no se limita a la rentabilidad inmediata, sino que apunta al modelo de gestión. Advierten que Pinamar corre el riesgo de consolidarse como un destino «expulsivo», donde incluso los sectores de alto poder adquisitivo comienzan a cuestionar la relación entre costo y servicio.
Mientras el intendente Ibarguren justifica la tasa como un instrumento indispensable para garantizar los servicios urbanos ante el recorte de fondos de origen nacional, los empresarios alertan sobre las consecuencias operativas. De no mediar una revisión de la medida o una compensación fiscal, advierten que muchos establecimientos se verán forzados a reducir sus planteles de personal o a operar con balances negativos durante el resto del mes de enero, dejando una incógnita sobre la sostenibilidad de la temporada en curso.
<p>El inicio de la temporada estival en Pinamar se ve afectado por un severo conflicto político y judicial tras la aprobación de una nueva tasa municipal impulsada por el intendente Juan Ibarguren. Los concesionarios de balnearios denuncian que la presión fiscal desestabiliza sus finanzas en un contexto de retracción del consumo, lo que ha derivado en precios récord para los servicios de playa y productos básicos.</p>
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Zappo te lo cuenta
Pinamar, ese sagrado ecosistema donde la meritocracia se mide en caballos de fuerza de las camionetas 4×4 y el ancho de las bermudas de lino, ha decidido inaugurar el 2026 con una guerra civil administrativa que haría que Maquiavelo pida la baja por estrés laboral. El intendente Juan Ibarguren, en un acto de creatividad fiscal digno de un alquimista medieval, introdujo una tasa municipal que ha logrado el milagro de que los dueños de los balnearios —gente que normalmente solo se preocupa por el ángulo exacto de la sombra sobre la reposera— salgan a denunciar que el municipio les ha roto el juguete. Ahora, sentarse bajo una carpa en la zona norte es más caro que financiar la exploración de un satélite de Júpiter, y todo en nombre de cubrir el bache financiero que dejó la poda de fondos nacionales. Al parecer, la «libertad» en la playa ahora tributa por cada grano de arena que se mete en las ojotas.
Pero la verdadera vanguardia de esta distopía veraniega es el surgimiento del «choclo de oro». El humilde maíz, antaño símbolo de la merienda democrática y el palillo entre los dientes, ha sido ascendido a la categoría de activo financiero de alto riesgo. A 14.000 pesos la unidad, estamos a un paso de que el Banco Central empiece a usar mazorcas como reserva de valor para respaldar el peso. Si usted decide comprar una docena de churros y un par de helados, prepárese para que el banco le llame por teléfono para verificar si le robaron la tarjeta o si simplemente decidió dilapidar su herencia en carbohidratos frente al mar. La «tasa de la furia» ha convertido la cartelería de los paradores en una lista de precios que parece redactada por un concesionario de autos de alta gama, donde un helado básico cotiza como si fuera una joya de la corona británica bañada en nitrógeno líquido.
Mientras el oficialismo local defiende el impuestazo como un «mal necesario» para que las luces de la calle sigan prendidas, los empresarios advierten que Pinamar se está volviendo un destino «expulsivo», una forma elegante de decir que dentro de poco el único turista que podrá pagar un choclo será Elon Musk si se pierde por el Atlántico Sur. El 2026 arrancó con el pie izquierdo y los concesionarios ya hablan de operar a pérdida o de atender ellos mismos las carpas porque no les alcanza para el personal. El clima de tensión es tal que, si la situación no mejora antes de que termine enero, lo único que va a sobrar en la playa es sombra, porque el sol —al menos por ahora— es lo único que el municipio todavía no ha logrado gravar con una alícuota diferenciada.
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