El Ministerio de Gobierno, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), ha oficializado la disponibilidad del trámite esencial para la obtención de la personería jurídica por parte de las asociaciones civiles en la provincia de San Juan. Este mecanismo legal no solo brinda un reconocimiento formal a la labor de estas entidades, sino que también las habilita para operar dentro de un marco jurídico definido, lo que a su vez les permite acceder a una serie de beneficios y herramientas fundamentales para el desarrollo de sus actividades.
La ruta hacia la formalización: documentación clave
Para que una asociación civil pueda formalizar su existencia y operación, la IGPJ exige la presentación de una serie de documentos pormenorizados. El proceso se inicia con una «Nota de Estilo» dirigida al Inspector/a General, donde se solicita la aprobación de los Estatutos y la autorización para funcionar como Persona Jurídica, detallando el domicilio legal y firmada por el Presidente y Secretario de la entidad.
A esto se suma el «Acta Constitutiva», un documento fundacional que debe llevar la firma de todos los asistentes, acompañada de su aclaración y número de DNI. Los «Estatutos» de la organización, presentados en piezas separadas, también requieren la rúbrica del Presidente y el Secretario. Un componente financiero inicial es la «Boleta de depósito del patrimonio inicial», cuyo valor se calcula multiplicando el monto de la cuota por el número total de socios.
La transparencia en la composición de la entidad es crucial, requiriéndose un «Padrón de Socios» que incluya datos personales completos y la firma individual de cada miembro, abarcando a la Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de Cuentas. Asimismo, se debe adjuntar la «Nómina de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas», especificando sus cargos, la aceptación de los mismos mediante firma, domicilios y documentos de identidad. Finalmente, una «Declaración jurada de sede social» completa el listado de documentación obligatoria.
Consideraciones económicas y exenciones
El trámite conlleva un costo de «360 U.T. por tasa de servicio por derecho de trámite», además de «1 U.T. por foja presentada». Sin embargo, existen excepciones significativas: las «uniones vecinales y bibliotecas se encuentran exentas de sellado». Para acreditar su ámbito de acción, estas instituciones deben presentar un «Plano de Mensura» certificado por la Dirección de Geodesia y Catastro, junto con un «Certificado Municipal» que avale su radio de operación. Un detalle adicional para las «instituciones religiosas» es la necesidad de acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Culto.
¿Dónde se realiza el trámite?
El proceso de presentación de la documentación se lleva a cabo de forma presencial en la Mesa de Entradas de la Inspección General de Personas Jurídicas. Las oficinas están ubicadas en calle Santa Fe 54 Oeste, Capital, en el 2º Piso, Núcleo 2. El horario de atención establecido para la recepción de los documentos es de 7.30 a 12.30 horas, donde se deberá entregar la totalidad de la documentación requerida.
