El Gobierno de Milei respaldó ante la ONU la captura de Maduro y Cilia Flores.

Redacción Cuyo News
8 min

En una sesión de extrema urgencia celebrada este lunes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se convirtió en el epicentro de un fuerte choque diplomático tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela. La acción, que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue rechazada por la mayor parte de las delegaciones internacionales, con las excepciones notables de países como Argentina y Paraguay, que validaron el procedimiento de Washington.

La dura reacción de las potencias: Rusia y China denuncian agresión

El representante de la Federación Rusa ante la ONU, Vasily Nebenzya, no escatimó en críticas y calificó la maniobra estadounidense como una “operación criminal” y un “acto de agresión” que vulnera directamente los pilares del sistema multilateral. Según la postura de Moscú, Washington utilizó el orden internacional de manera “selectiva” para avanzar sobre sus propios intereses políticos y estratégicos en la región. Nebenzya denunció que la intervención responde a una lógica de “neocolonialismo e imperialismo” con el fin último de controlar los recursos naturales venezolanos.

Por su parte, China mantuvo una línea crítica similar. Su representante adjunto, Sun Lei, afirmó de manera categórica que Estados Unidos “pisoteó la soberanía venezolana y sus derechos e intereses legítimos“. Beijing advirtió que el uso unilateral de la fuerza por parte de una potencia militar debilita la credibilidad de la Carta de la ONU y pone en riesgo la estabilidad de América Latina y el Caribe. La delegación china enfatizó que “la situación en Venezuela debe ser abordada mediante los mecanismos legales y multilaterales competentes“, rechazando la noción de que cualquier nación pueda actuar como «policía del mundo».

División en América Latina: El respaldo de Argentina

La región mostró una profunda fractura en sus posiciones. Mientras que México, Colombia y Cuba condenaron enérgicamente el ataque armado —denunciando bombardeos y víctimas civiles—, el gobierno de Argentina se posicionó en la vereda opuesta. El embajador argentino ante la ONU manifestó que la gestión de Javier Milei valora la decisión tomada por la administración estadounidense, argumentando que el mandatario venezolano representaba una amenaza vinculada directamente al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

En una posición intermedia, países como Brasil y Chile optaron por condenar la intervención armada sin alinearse necesariamente con la defensa del gobierno detenido. El embajador brasileño, Sérgio Danese, expresó su rechazo a la “intervención armada” y subrayó que la crisis venezolana no se resuelve mediante la “construcción de protectorados”, sino a través del respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.

La defensa de Washington y la advertencia de Guterres

Frente al aluvión de críticas, Estados Unidos se mantuvo firme en su postura, asegurando que la operación fue una acción “necesaria y legítima”. Los representantes de la Casa Blanca negaron que se tratara de un acto de guerra o una ocupación, definiéndolo como una “acción policial” contra un objetivo acusado de narcoterrorismo. Asimismo, enviaron un mensaje claro a la comunidad internacional al afirmar que no permitirán que los recursos energéticos de Venezuela caigan bajo la influencia de potencias adversarias.

Finalmente, el secretario general de la ONU, António Guterres, transmitió su profunda preocupación por el precedente que esta intervención sienta para el derecho internacional. Guterres instó a las partes a respetar la integridad territorial y la independencia política de los Estados, advirtiendo que una mayor escalada de violencia podría sumergir a toda la región en un conflicto de consecuencias impredecibles.

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