La fiscal Betina Lacki, quien recientemente cobró notoriedad por liderar la investigación del fraude de las tarjetas de débito en la Legislatura provincial, encabeza ahora una pesquisa que sacude los cimientos del poder político en la capital bonaerense. La funcionaria judicial, con el aval del juez Juan Pablo Masi, procedió a la detención de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ex empleados de la Cámara Alta, acusados de liderar una red de captación y abuso sexual que operaba bajo el nombre de «La Orden de Luz».
El clan y la «oficina 007»
Según consta en el expediente, Rodríguez y Muñoz habrían actuado como los «entregadores» de mujeres —todas en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y necesidad de empleo— a diversos funcionarios y personal jerárquico del Senado bonaerense. Las investigaciones han puesto el foco en la denominada oficina 007 de la Cámara, señalada como el centro neurálgico donde se llevaban a cabo las actividades ilícitas y se concretaban los contactos.
Los procesados contaban con una antigüedad superior a los diez años en el cuerpo legislativo. Ingresaron durante la presidencia de Gabriel Mariotto, quien, al ser consultado, negó cualquier vínculo personal con los implicados, aunque se confirmó que durante su mandato ya se habían iniciado sumarios administrativos contra los hoy detenidos por conductas irregulares. El abogado de las víctimas, Ignacio Fernández Camillo, reveló que «hubo denuncias presentadas en 2015, 2019, 2024 y la última que hicimos el año pasado», cuestionando la inacción previa de la DDI y de la Justicia local.
Militancia, internas y misticismo
La trayectoria política de los acusados añade una capa de complejidad al caso. Ambos iniciaron su actividad militante en sectores cercanos a La Cámpora, para luego alinearse con la agrupación La Patria es el Otro, de Andrés “El Cuervo” Larroque. Una fuente consultada por este medio describió a Rodríguez como alguien que «militó con La Patria es el otro pero siempre fue alguien muy del margen… En un momento movió bastante porque tenía el respaldo de la hermana de Cristina, Giselle Fernández… Es un busca con suerte».
Un aspecto inquietante de la denuncia es el componente sectario de la organización. Al ser consultado sobre el nombre del clan, Fernández Camillo explicó: “¿Por qué se le dice que es una secta? Es que en el medio de la trata también se involucran cuestiones ‘espirituales’, rituales casi delirantes”. Estas prácticas eran utilizadas para someter psicológicamente a las víctimas, quienes sufrían constantes amenazas para cumplir con los requerimientos sexuales de los beneficiarios de la red.
Silencio institucional y pericias técnicas
Hasta el momento, la presidencia del Senado, a cargo de Verónica Magario, ha mantenido un hermetismo total respecto al escándalo. Si bien se procedió a la suspensión laboral de Rodríguez y Muñoz, los acusados continúan percibiendo sus haberes hasta que recaiga sobre ellos una condena firme. En los pasillos de la Legislatura, el descontento crece ante la percepción de que el sistema de monitoreo interno, reforzado recientemente, se utiliza primordialmente para vigilar la actividad de los cronistas parlamentarios y no para prevenir delitos de esta índole.
La fiscalía ya ha iniciado la apertura y peritaje de los teléfonos celulares incautados a los detenidos. Se presume que el análisis de los dispositivos podría revelar una lista de nombres de «consumidores finales» de la red, que incluiría a un senador provincial y otros cuadros políticos de relevancia. La causa guarda similitudes operativas con el caso de Julio Chocolate Rigau, sugiriendo una trama de complicidades que, según los investigadores, no podría haber funcionado durante quince años sin algún grado de protección institucional.
