El esquema de recortes que estaría implementando el Poder Ejecutivo sobre las dependencias encargadas de la prevención y el combate de incendios habría dejado de ser una serie de medidas aisladas para consolidarse como una política de Estado fundamentada en el negacionismo climático. Esta orientación, que combinaría un fuerte ajuste fiscal con una retórica de confrontación hacia los consensos científicos internacionales, estaría mostrando sus primeras consecuencias directas en el territorio patagónico, donde la superficie degradada por el fuego habría registrado un ascenso exponencial.
El desmantelamiento operativo y presupuestario
De acuerdo con un informe de la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales (FARN), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) habría sufrido una degradación técnica y financiera sin precedentes. “Durante 2024, el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto asignado al SNMF. En 2025 la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”.
Las proyecciones para el ciclo 2026 agravarían el escenario, con una partida presupuestaria que representaría una caída real del 69% respecto a 2023 y del 71,6% con respecto a 2025. Esto impactaría directamente en las metas físicas: las horas de vuelo programadas pasarían de 5.100 a 3.100, mientras que los informes de alerta temprana se reducirían de 2.310 a 1.850. A esto se sumaría la pérdida de capital humano; según datos de la diputada Sabrina Selva, el cuerpo de brigadistas en Parques Nacionales habría pasado de 440 a 390 efectivos, motivado por salarios básicos de $860.000 en la Patagonia y $650.000 en el norte del país.
Cambios en el Servicio Meteorológico y marco legal
La intervención ideológica también habría alcanzado al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Bajo la dirección de Antonio Mauad, el organismo habría eliminado de sus canales oficiales toda referencia al “cambio climático” y al “calentamiento global”. La respuesta formal del Gobierno ante las investigaciones periodísticas habría sido que: “Hay que dejar atrás una perspectiva basada exclusivamente en la culpabilización del accionar humano, y superar visiones ideologizadas del pasado”.
En el plano legislativo, el oficialismo buscaría desarmar las protecciones ambientales existentes. Tras haber disuelto por decreto el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, el Ejecutivo apuntaría ahora a modificar la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Esta última sería un objetivo clave, ya que actualmente prohíbe realizar actividades agropecuarias, loteos o ventas en un terreno entre 30 y 60 años después de un incendio.
Los indicadores de impacto ambiental ya reflejarían el deterioro de la capacidad de respuesta estatal. Según la FARN, “Durante la última temporada de incendios en la Patagonia la superficie de bosques afectados por incendios se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”. Mientras tanto, el discurso oficial sostendría que “todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas” y que el calentamiento global respondería a ciclos naturales donde el hombre no tendría incidencia, habiéndose viralizado incluso afirmaciones donde se aseguraría que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”.
