La estructura interna de la Confederación General del Trabajo (CGT) muestra signos de una marcada atomización estratégica. Ante el avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, las diferentes vertientes gremiales han optado por caminos disímiles: mientras los sectores industriales promueven una acción directa inmediata, los sindicatos nucleados en el transporte prefieren agotar las instancias de negociación parlamentaria.
Sin contar con el respaldo institucional de la cúpula de la CGT, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, convocó a una reunión de sindicatos para este miércoles. El objetivo del encuentro es definir un paro con movilización para la jornada en que el Senado inicie el tratamiento de la reforma. No obstante, esta iniciativa no contará con el apoyo unificado de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). A pesar de integrar el ala considerada más combativa, la entidad calificó la propuesta del metalúrgico como una acción “inorgánica”.
La estrategia de la CATT y las fisuras internas
Bajo la conducción de Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), la CATT ha decidido mantener una línea de acción alineada con los triunviros de la CGT. Esta postura prioriza el diálogo con actores políticos, incluyendo gobernadores y legisladores, con el fin de exponer las objeciones específicas del sector transporte frente al proyecto oficial. Esta visión es compartida por dirigentes de peso como Omar Pérez (Camioneros) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes).
Sin embargo, la unidad de la CATT no es absoluta. Existen sectores dispuestos a plegarse a la convocatoria de Furlán. Entre los dirigentes que podrían sumarse a la movilización se encuentran Pablo Biró (Pilotos), Edgardo Llano (APA), Paola Barrita (ATEPSA), Néstor Segovia (Metrodelegados) y Graciela Aleñá (Viales). Al respecto, Biró manifestó una postura crítica hacia la demora en las medidas de fuerza: “Si la CGT se pone combativa y resiste podrá cambiar la realidad; si no, le gritarán ‘poné la fecha’. Las bases piden respuesta a la conducción”.
El conflicto por los «servicios esenciales»
Más allá de la resistencia general a las modificaciones de la normativa laboral, el punto de mayor conflicto para la CATT es el artículo que pretende reglamentar el derecho de huelga en sectores críticos. La reforma establece un listado de actividades consideradas como «servicios esenciales», lo que obligaría a mantener guardias mínimas y limitaría severamente la capacidad de interrumpir las prestaciones durante un conflicto gremial.
El listado de servicios bajo esta denominación incluye:
- a) Los servicios sanitarios y hospitalarios, transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y servicios farmacéuticos.
- b) Producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo, combustibles y energía eléctrica.
- c) Servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.
- d) La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques.
- e) Servicios aduaneros, migratorios y vinculados al comercio exterior.
Esta categorización es vista por los sindicatos del transporte como un intento de neutralizar su principal herramienta de presión política. Mientras el tratamiento legislativo se aproxima, la CGT intenta mantener una cohesión que, en la práctica, parece estar supeditada a los intereses y urgencias de cada sector productivo.
<p>La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta una fragmentación interna ante la inminente reforma laboral. Mientras los gremios industriales, encabezados por la UOM, convocan a un paro y movilización para el inicio del tratamiento legislativo en el Senado, el sector del transporte prioriza la negociación política. La disputa se centra en la regulación del derecho de huelga en servicios que el proyecto oficial cataloga como esenciales.</p>
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La CGT ha decidido inaugurar una nueva modalidad de lucha gremial que consiste, básicamente, en que cada sindicato elija su propia aventura como si fuera un libro de la colección «Elige tu propia reforma laboral». Mientras en la sede de la calle Azopardo el aire acondicionado parece enfriar más las ideas que los ánimos, los muchachos de la industria han decidido que el miércoles es un excelente día para sacar los bombos a pasear, aunque el resto de la orquesta sindical prefiera seguir ensayando la partitura del «diálogo constructivo». Abel Furlán, titular de la UOM, se despertó con ganas de ser el protagonista de un nuevo 17 de octubre, pero se encontró con que los referentes del transporte tienen la agenda llena de reuniones con gobernadores, dejando en claro que, en la Argentina de hoy, es más fácil poner de acuerdo a un consorcio de edificio antiguo que a dos secretarios generales sobre cuándo es el momento oportuno para apretar el botón de «pausa» nacional.
Por supuesto, la interna sindical tiene más subgéneros que una plataforma de streaming. Mientras Juan Carlos Schmid y los suyos juegan al ajedrez político con los legisladores para ver si logran que el transporte no sea considerado un «servicio esencial» —una etiqueta que les quita el superpoder de dejar a todo el mundo a pie cuando las cosas se ponen feas—, figuras como Pablo Biró ya están preparando el megáfono. Biró, con la sutileza de un aterrizaje de emergencia, advirtió que si la conducción no se pone los guantes, las bases van a terminar gritándole el clásico hit de las tribunas: «poné la fecha». Es un escenario fascinante donde la «unidad de los trabajadores» parece ser un concepto tan elástico que permite que unos vayan a la guerra mientras los otros se quedan en el cuartel revisando los incisos de la reglamentación del derecho de huelga. Al final del día, el proyecto del Gobierno ha logrado lo que parecía imposible: que el sindicalismo argentino se convierta en una federación de planes individuales donde el único consenso es que, si el avión no vuela, el barco no sale y el hospital no atiende, alguien, en algún lugar, va a tener que pedir perdón o permiso.
La lista de servicios esenciales es el nuevo «quién es quién» del poder de fuego gremial. Al declarar esencial desde el agua potable hasta internet satelital, el Gobierno pretende que el país funcione incluso si los sindicatos deciden irse a meditar al Tíbet. Para la CATT, esto es el equivalente a que te inviten a un asado pero te prohíban tocar el fuego; una afrenta que los obliga a alinearse con la estrategia de la CGT pero con el freno de mano puesto, esperando ver si la movilización de la industria termina en una épica victoria popular o en una simple caminata saludable por el centro porteño. Mientras tanto, el resto de los mortales observamos este despliegue de tácticas y contra-tácticas con la misma incertidumbre con la que uno mira el tablero de salidas de un aeropuerto cuando Biró está de mal humor: sabiendo que, sin importar quién gane la interna, el que siempre termina pagando el exceso de equipaje es el bolsillo del trabajador.
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