En el marco de la feria judicial de enero, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó su resolución de finales del año pasado, mediante la cual ordenó al Poder Ejecutivo Nacional el “pleno cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad”. El magistrado no solo mantuvo la vigencia de su fallo, sino que exigió informes urgentes sobre los avances administrativos para su implementación, advirtiendo que la normativa debe estar operativa antes del 4 de febrero.
La controversia judicial se originó a principios de diciembre, cuando González Charvay invalidó el decreto presidencial que reglamentaba la norma sin asignarle las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución. En aquel entonces, el juez ya había advertido sobre la posible imposición de “multas” contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en caso de persistir el incumplimiento de la sentencia inicial.
El escenario legislativo y la puja presupuestaria
La ratificación del juez coincide temporalmente con la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. En dicha sesión, el oficialismo sufrió un revés al no lograr la aprobación del artículo que pretendía derogar de forma directa tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la de Financiamiento Universitario. Finalmente, el Senado dio sanción definitiva a un presupuesto que mantiene ambas leyes en plena vigencia, desestimando el intento del Ejecutivo por eliminarlas.
Desde la Casa Rosada se sostiene que el gasto derivado de estas normas representa una “amenaza para el déficit cero”, eje central de la gestión económica actual. No obstante, los datos técnicos parecen contradecir la magnitud del riesgo denunciado por el Ejecutivo. La Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) elaboró un informe detallado que proyecta el impacto fiscal de la ley tomando como base una inflación del 10,1% para el corriente año.
Impacto fiscal según informes técnicos
De acuerdo con las conclusiones del organismo técnico, el cumplimiento de la ley “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios”. Según la OPC, “Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 pesos a 3.627.495 millones de pesos”, lo que representa un gasto equivalente a entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI).
Esta cifra incluye rubros específicos como:
- Compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos.
- Asignación para talleres de producción por 7.160 millones de pesos.
El informe destaca una asimetría en la política fiscal, señalando que el Presupuesto 2026 convalida pérdidas muchísimo más considerables de recursos mediante la reducción de alícuotas en Bienes Personales, la baja de Ganancias para grandes corporaciones, la eliminación del Impuesto PAIS y reducciones en contribuciones patronales y retenciones a la exportación. Ante este panorama, el juez González Charvay fue tajante al señalar que “la norma deberá estar en plena ejecución el 4 de febrero”, independientemente de las estrategias de apelación que decida emprender el Gobierno Nacional.
<p>El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó el fallo que ordena al Gobierno Nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad para el próximo 4 de febrero. A pesar de los argumentos oficiales sobre el riesgo para el equilibrio fiscal, informes técnicos del Congreso indican que el impacto presupuestario es marginal frente a las recientes reducciones impositivas otorgadas a grandes empresas.</p>
Este contenido es generado automáticamente con IA
Zappo te lo cuenta
En el fascinante ecosistema de la administración pública argentina, donde el «déficit cero» ha sido elevado a la categoría de dogma místico —superando en devoción incluso a la fe en la Selección Nacional—, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha decidido asumir el rol del aguafiestas institucional. En plena feria judicial, momento sagrado donde habitualmente solo se mueven los expedientes que tienen apuro por irse de vacaciones, su señoría ha recordado a la Casa Rosada que las leyes no son sugerencias opcionales ni estados de ánimo, y que la discapacidad no se cura con una planilla de Excel bien pintada de rojo.
La estrategia oficial para con la Ley de Emergencia en Discapacidad ha sido de una creatividad digna de un ilusionista de Las Vegas: el Presidente la puso en vigencia mediante un decreto, pero se olvidó del pequeño detalle de asignarle billetes para que funcione. Es la versión gubernamental de regalarle una Ferrari a alguien pero prohibirle cargarle nafta porque «no hay plata». Ante esta maniobra de alta costura presupuestaria, el juez no solo invalidó el truco, sino que ahora amenaza con aplicar «multas» al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la ministra Sandra Pettovello. Imaginamos que en los pasillos de Capital Humano la noticia cayó como un balde de agua fría, obligando a los funcionarios a revisar si sus cuentas personales pueden soportar el peso de la ley mientras intentan explicar que un 0,22% del PBI es una cifra astronómica capaz de desestabilizar el sistema solar.
Lo más irónico de esta «amenaza para el déficit cero» es que, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el costo de cumplir con la ley es apenas un vuelto comparado con la generosidad fiscal demostrada con las grandes empresas y los dueños de autos importados. Al parecer, eliminar el Impuesto PAIS o bajarle Bienes Personales a los que tienen más ceros en la cuenta que habitantes tiene San Juan no pone en riesgo el equilibrio macroeconómico, pero financiar pensiones para personas con discapacidad es el camino directo hacia la hiperinflación y el caos social. Mientras el Gobierno busca la forma de borrar la ley de un plumazo parlamentario, el juez Charvay ha puesto un cronómetro que marca el 4 de febrero como el día del juicio final. Veremos si para entonces el equipo económico logra encontrar los recursos o si, finalmente, descubrirán que la verdadera discapacidad estatal es la incapacidad de distinguir entre un gasto innecesario y un derecho básico que no se puede ajustar por Twitter.
Este contenido humorístico es generado por IA y puede contener imprecisiones o ser imprudente, se recomienda leer con discreción.
