La situación salarial de los docentes universitarios se ha consolidado como uno de los conflictos más agudos durante los dos primeros años de la administración de Javier Milei. En un escenario de estricto ajuste fiscal y desfinanciamiento del sistema educativo superior, los haberes del sector han quedado severamente rezagados frente a la evolución de los precios, impactando de forma directa en la calidad institucional de las universidades públicas. Según datos recientes, el ajuste acumulado en el bienio ha representado, en términos reales, la pérdida de siete meses de salario para los trabajadores del sector.
Un retroceso sostenido del poder adquisitivo
Durante los años 2024 y 2025, el salario docente registró caídas recurrentes. Un análisis detallado realizado por el profesor Germán Saller —basado en las liquidaciones de un cargo de Profesor Adjunto con 30 años de antigüedad— indica que en 2025 los haberes perdieron un 12,7 por ciento frente a la inflación. Esta cifra profundiza el deterioro iniciado en 2024, año en el que la pérdida real fue del 9,9 por ciento. El informe destaca que no se observan señales de reversión de esta tendencia en el corto plazo.
Este proceso de erosión salarial fue el detonante de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en septiembre de 2024. Dicha norma establecía la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento y una recomposición salarial retroactiva a enero de ese año, vinculada al índice inflacionario. No obstante, «el presidente Javier Milei vetó la ley en su totalidad», bajo la premisa de no comprometer el objetivo del déficit cero, lo que clausuró la principal vía institucional para mitigar la crisis del sector.
Cifras del impacto acumulado
Al cierre de diciembre de 2025, la comparación con los niveles de noviembre de 2023 arroja resultados críticos. Según el índice de inflación nacional del Indec, la pérdida del poder de compra acumulada es del 33,4 por ciento. Sin embargo, si se utiliza como referencia el índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que refleja de manera más precisa la canasta de gastos de estos hogares, la caída asciende al 36,5 por ciento.
Estas estadísticas guardan estrecha relación con las mediciones de las federaciones gremiales —CONADU, CONADU Histórica y FEDUN—, que estiman el retroceso salarial real en un rango de entre el 35 y el 40 por ciento desde el inicio de la gestión actual. En términos prácticos, esto significa que los ingresos percibidos por los docentes solo habrían sido suficientes para cubrir su nivel de vida previo hasta mayo de 2025, dejando el resto de los meses del periodo bajo un esquema de desfinanciación personal equivalente a siete meses de labor sin pago efectivo.
Perspectivas y necesidad de recomposición
El estudio concluye que, para restablecer el poder adquisitivo vigente a finales de 2023, los salarios universitarios requerirían hoy una recomposición de entre el 50 y el 58 por ciento. Este horizonte aparece condicionado por la actual política de austeridad del Poder Ejecutivo, situando nuevamente al financiamiento de la educación superior en el centro del debate nacional sobre las deudas sociales acumuladas por el Estado nacional en el inicio de 2026.
