Luego del reciente revés judicial en territorio español, el caso que involucra al cantante Julio Iglesias ha ingresado en una fase de internacionalización estratégica. Tras el archivo de la causa por parte de la Audiencia Nacional el pasado 23 de enero de 2026, bajo el argumento de «falta de jurisdicción», los equipos legales de las víctimas han activado una hoja de ruta diseñada para litigar en múltiples tribunales extranjeros.
La ofensiva en República Dominicana
El pilar central de esta nueva etapa es el traslado de la denuncia a la justicia de República Dominicana, país donde se encuentra la propiedad denominada por las denunciantes como «La Casita del Terror», ubicada en Punta Cana. A diferencia de lo ocurrido en España, los tribunales dominicanos poseen jurisdicción plena sobre los hechos denunciados.
Las abogadas de la organización Women’s Link Worldwide ya han establecido contacto con las fiscalías locales para ratificar los testimonios de «Rebeca», exempleada doméstica del artista, y de la fisioterapeuta involucrada. En este país, los delitos de agresión sexual y trata de personas con fines de servidumbre contemplan penas que podrían alcanzar los 20 años de prisión. Trascendió que la investigación contaría con más de 15 testimonios de ex empleados dispuestos a declarar sobre los patrones de comportamiento del cantante en la isla.
Demandas civiles en los Estados Unidos
En forma simultánea, la estrategia legal contempla acciones en el estado de Florida, aprovechando que una de las denunciantes reside en EE. UU. y que gran parte de la infraestructura logística y patrimonial de Iglesias opera desde Miami. Los representantes legales estudian la presentación de demandas civiles millonarias por daños y perjuicios, amparándose en la severa legislación estadounidense sobre responsabilidad de empleadores y daño emocional.
Asimismo, se busca que las autoridades federales investiguen el posible uso de visas de trabajo fraudulentas para el traslado de personal entre las distintas mansiones del cantante, lo cual podría derivar en cargos por trata de personas a nivel federal.
El posicionamiento de la familia y el blindaje de Enrique Iglesias
En el ámbito familiar, la consigna parece ser el silencio absoluto y la protección del legado. El entorno del artista ha optado por una estrategia defensiva que incluye la desacreditación de las víctimas mediante la filtración de comunicaciones privadas, intentando proyectar una imagen de cordialidad en el vínculo.
Por su parte, Enrique Iglesias ha tomado una postura de distanciamiento total. Fuentes cercanas al intérprete aseguran que prioriza su imagen pública y busca evitar que el escándalo afecte su marca personal en el mercado anglosajón, manteniéndose al margen de las decisiones legales de su padre y hermanos. La mayor preocupación del clan sigue siendo el posible embargo preventivo de bienes o la afectación de los contratos por derechos de autor ante un juicio penal en el extranjero.
Frente Judicial Estado Actual (2026) Objetivo de las Víctimas España Archivado (23/01/26) Apelar alegando «vínculo relevante». República Dominicana Preparación de querella Lograr una orden de captura internacional. Estados Unidos Investigación preliminar Demanda civil por daños en Miami. Social / Público Escándalo global Revocación de títulos honoríficos.«Las fronteras no pueden ser un muro para la impunidad», declaró la portavoz de Women’s Link Worldwide, enfatizando que la batalla legal se intensificará ahora que el proceso sale de la jurisdicción española, la cual calificaron como «amigable» para el cantante.
