España se suma a la tendencia global y anuncia la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, exigiendo a las plataformas sistemas robustos de verificación de edad. La medida, que busca proteger a los jóvenes de los riesgos digitales, ha encendido un intenso debate entre expertos, quienes discuten desde la arbitrariedad del límite de edad y su impacto real en la salud mental, hasta los cruciales desafíos de la privacidad y la necesidad urgente de regular el diseño algorítmico de las propias redes.
España, la última pieza de un dominó que parece imparable, se prepara para ponerle un freno a la relación de los adolescentes con las redes sociales. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció que el país prohibirá el acceso a estas plataformas a menores de 16 años, una movida que exigirá a las empresas digitales incorporar sistemas de verificación de edad. La decisión no es aislada; Australia ya lo hizo en diciembre, y Francia y Portugal planean seguir sus pasos, dejando entrever una preocupación global que, tarde o temprano, cruzaría el Atlántico.
Pero, ¿es esta la solución definitiva o apenas un parche que maquilla un problema mucho más complejo? El debate ya está sobre la mesa, con especialistas del ámbito digital y educativo divididos. Hay quienes ven en la limitación etaria una oportunidad para que los adolescentes adquieran la madurez necesaria antes de zambullirse en un mar de riesgos, mientras otros exigen que la verificación sea, ante todo, segura y eficiente. Y no faltan quienes, con una mirada más incisiva, cuestionan si el número de 16 años no es, acaso, un umbral arbitrario, considerando que a esa edad en algunos países ya se puede conducir, votar o incluso haber terminado la educación obligatoria. La discusión, entonces, no se agota en el cuándo, sino que se expande al para qué: ¿Qué consumen los menores? ¿En qué horarios navegan? ¿Debería regularse también el diseño de estas plataformas?
La preocupación tiene sustento en cifras contundentes. En España, ocho de cada diez estudiantes tiene su primer teléfono móvil a los 11 años, y casi la totalidad de los jóvenes entre 10 y 20 años (un abrumador 92,5%) ya está registrado en alguna red social. Así lo reveló el informe de Unicef, Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, publicado en noviembre pasado. El mismo estudio enciende las alarmas: un 5,7% de niños y adolescentes presenta una conexión excesiva y sin control, interfiriendo en su vida cotidiana y asociándose a síntomas de ansiedad, depresión y un preocupante riesgo suicida. Un panorama que nadie puede ni debería ignorar.
¿Prohibir es la solución o elude la discusión de fondo?
Desde una de las trincheras del debate, el investigador de Funcas, Ismael Sanz, se muestra a favor de elevar la prohibición a los 16 años, calificándola de “una buena medida”. El también profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) no duda en argumentar: "Sabemos que el uso de las redes perjudica el equilibrio y el bienestar emocional de los jóvenes, así como reduce la capacidad de concentración y de atención". Una postura que, sin rodeos, apunta al impacto directo en la salud mental y cognitiva.
Sin embargo, la directora de Incidencia Social y Política en Save the Children, Catalina Perazzo, pone los puntos sobre las íes con una advertencia clara: la medida “no es una solución en sí misma” y, lo que es peor, “puede dar una falsa sensación de seguridad”. Para Perazzo, es "imprescindible que vaya acompañada de mecanismos de verificación de la edad eficientes y, sobre todo, de educación y acompañamiento en hacer un uso responsable". Un llamado a la sensatez que subraya que la tecnología, por sí sola, no resolverá lo que la educación y el acompañamiento familiar no aborden.
La polémica del umbral: ¿una decisión más política que científica?
Pero la crítica más punzante llega desde la academia. José César Perales, catedrático en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, no se anda con chiquitas y califica la decisión como “una medida precipitada, que se toma con poca evidencia de calidad, pero relativamente fácil de tomar en términos políticos y popular”. Para Perales, el umbral de 16 años es “conservador”, y enfatiza que “no hay un acuerdo unánime” sobre el impacto directo de las redes sociales en la salud mental. Una mirada que interpela la supuesta fundamentación científica de la normativa.
Más allá de la edad, la verdadera batalla, según Perales, debería librarse en otro frente: la regulación de las propias redes sociales. El catedrático sostiene que "es más fácil de tomar una decisión relativa a la prohibición de acceso que decisiones que probablemente serían mucho más efectivas y que tienen que ver con la regulación de las propias redes sociales”. Y es que, detalla, las compañías “apenas tienen limitaciones en lo que se refiere al diseño de las redes o de los dispositivos”. Aquí está el quid de la cuestión: ¿por qué no poner la lupa en cómo están diseñados los algoritmos que, en definitiva, nos enganchan? “Incrementar la transparencia algorítmica o influir en la forma en la que están diseñados esos algoritmos sería mucho más eficaz”, sentencia.
Y como si la discusión no tuviera ya suficientes aristas, la implementación de mecanismos de verificación de identidad abre otra caja de Pandora: la privacidad. Paloma Llaneza, consultora de seguridad y experta en los aspectos legales y regulatorios de internet, lo subraya con preocupación: “Tenemos que encontrar sistemas que permitan verificar la edad, pero con el debido anonimato, que puede parecer raro, pero se puede hacer técnicamente”. Llaneza es tajante al señalar los riesgos: validar la identidad con una tarjeta de crédito no garantiza que sea del usuario; el reconocimiento biométrico facial guarda “grafos físicos” que “pueden ser reconocidos en cualquier parte del mundo”; y la Agencia Española de Protección de Datos ya “ha dejado claro que escanear el DNI o fotocopiarlo es excesivo”. ¿Estamos cambiando un problema por otro, o creando uno nuevo?
Finalmente, en medio de este cruce de posturas, el informe de la comisión de expertos para la elaboración de la ley de protección de menores en los entornos digitales, que avanza en el Congreso de los Diputados, había recomendado establecer los 16 años como edad para consentir el tratamiento de datos. El argumento: “aporta un mayor grado de madurez y desarrollo para conocer los riesgos y las consecuencias de los tratamientos”. Una recomendación que, al final del día, parece haber ganado la pulseada, al menos por ahora. Pero la conversación de fondo, la que interpela a los diseños de las plataformas y a la privacidad, recién empieza.
