El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, calificando internet de «salvaje Oeste digital», e impulsó otras cinco medidas. Expertos como el jurista Borja Adsuara cuestionan la novedad y la eficacia real de estas propuestas, alertando sobre graves riesgos democráticos en la «trazabilidad del odio». Unicef, por su parte, advierte que excluir a los menores no es protegerlos y podría generar un entorno digital más inseguro al buscar alternativas.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, salió a la cancha con un anuncio que prometió revolucionar el «salvaje Oeste digital»: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Una movida fuerte, parte de un paquete de cinco medidas que buscan domar la bestia digital, desde la verificación de edad hasta la persecución de delitos y la responsabilidad de los popes tecnológicos. Pero, como siempre, la cancha se picó rápido. ¿Es realmente una solución innovadora o un «déjà vu» con tinte polémico? Los expertos ya pusieron el grito en el cielo, y no precisamente para aplaudir.
Un viejo conocido con ropaje nuevo: la edad mínima y la verificación de identidad
El jurista experto en derecho digital Borja Adsuara lo tiene claro: la prohibición para menores de 14 años de facilitar sus datos sin consentimiento paterno ya existe desde 1999. Elevarla a 16 años, como propone Sánchez, es algo que ya estaba en tramitación en el parlamento. La verdadera «novedad» del anuncio es una enmienda que busca prohibir que los menores se registren en redes sociales, incluso con autorización de sus padres.
¿Y la verificación de edad? Una deuda que arrastra España desde 2016, pese a que tres normas europeas (RGPD, DSA y la Directiva de Servicios Audiovisuales) ya la imponen a las plataformas. «El problema nunca ha sido subir o bajar la edad, sino que no se ha verificado realmente», sentencia Adsuara. Es decir, durante años, un clic en una casilla bastó para saltear la barrera, sin que, según el experto, «exista la tecnología disponible para poder hacerlo de forma segura». ¡Un detalle no menor en la era de la hiperconectividad!
¿Protección o exclusión? El debate de los menores en la era digital
Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de Unicef, celebra la reactivación del debate. Reconoce que la autorregulación de las plataformas «no está funcionando» para crear un espacio seguro. Sin embargo, lanza un interrogante que nos debería dejar pensando: «sacar a los chicos de las redes sociales no es crear un entorno protector para la infancia, sino un entorno digital sin la infancia». Una patada al tablero que propone un camino distinto: educar en competencias digitales, en lugar de solo prohibir.
Silvia Álava, doctora en psicología clínica, pone el foco donde duele: la responsabilidad de las grandes tecnológicas, creadoras de entornos que favorecen la adicción y el famoso «scroll infinito». Dice que los menores atraviesan una etapa «especialmente complicada» en la que necesitan «una red de apoyo real» formada por «chicos y chicas con los que pueda quedar y con los que pueda estar», para construir vínculos basados en la cercanía y la empatía.
Aquí entra en juego el «cómo» se verifica la edad. En Australia, Reino Unido y Europa se han implementado medidas que incluyen sistemas de estimación de edad basados en escaneo facial o cruce de datos de comportamiento. «De ser necesario, acaban pidiendo un documento de identidad», agrega Adsuara. Para el experto, este sistema en un mundo interconectado encierra un gran problema de privacidad y seguridad digital: «¿Vamos a entregar los datos biométricos de los menores de edad para protegerlos? ¿Dónde van a acabar esos datos?», se pregunta. El Reglamento de Identidad Digital Europea, que prevé un sistema basado en certificados (cartera europea de identidad digital o eID), parece más respetuoso con la información personal, pero aún no está operativo.
¿Funcionarán realmente estas restricciones? Guadix mira la experiencia australiana, donde los jóvenes están migrando a plataformas no restringidas o haciendo uso de VPN para eludir los controles. Adsuara le da la derecha: «Es difícil que estas medidas sean 100% eficaces». Los pibes, dice, «no son tontos. Saben perfectamente qué es una VPN». La ley, entonces, ¿solo un mensaje simbólico o pedagógico?
Unicef va más allá: entender la restricción como el objetivo principal puede generar la falsa sensación de que el problema está resuelto. «Si los adultos decidimos simplemente excluirles, por un lado no estaremos atendiendo las necesidades de toda una generación y, por otro, nos exponemos a que busquen fórmulas alternativas que seguramente sean más difíciles de monitorizar», señala Guadix. La patada puede salir por la culata.
La trampa de la trazabilidad del odio: ¿Quién decide qué es «odio»?
Pero el anuncio de Sánchez no es solo para menores. El plato fuerte, según Adsuara, es «la trazabilidad del odio», una medida tan importante como «la más peligrosa».
La pregunta del millón es simple, pero desvela un abismo: ¿quién decide qué es odio, desinformación o polarización? Que esa potestad recaiga en órganos dependientes del Ejecutivo es, para el jurista, dinamita pura. «Me da igual que sea este Gobierno o cualquier otro. Creo que ningún Gobierno debe tener ese poder», sentencia. La imparcialidad, en estos casos, es una quimera si no hay un organismo realmente independiente. «Extremistas hay en todos los bandos. Si se mide, hay que medirlo todo. Pero no puede hacerlo un órgano que depende directamente del poder político», subraya.
Adsuara también ve un riesgo en el anuncio de tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. Apunta que, en las plataformas, bajo el eufemismo de la moderación, ya se están retirando contenidos que no son ilegales. ¿O acaso nadie vio cómo Elon Musk maneja el algoritmo de X, que «antes recomendaban contenidos según los intereses de los usuarios; ahora muestran lo que interesa a la plataforma que veas»?
Finalmente, el Gobierno español coqueteó con la posibilidad de perseguir penalmente a los directivos de las plataformas digitales por los contenidos que terceros comparten en ellas. ¿Realmente? La Comisión Europea ya puso el freno de mano. «Esta es precisamente la razón por la que el Reglamento de Servicios Digitales no contempla investigaciones penales», disparó el portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales, Thomas Regnier. Adsuara lo remata: «No es viable», la responsabilidad penal la establece el Código Penal, y no ve que este Gobierno tenga mayoría para reformarlo. Un sueño, quizás, demasiado ambicioso.
