El sistema de seguridad social administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) atraviesa una fase crítica de redefinición operativa. Actualmente, el esquema se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: la definición de accidentes y enfermedades profesionales, el baremo oficial (tabla de evaluación de incapacidades), la determinación de prestaciones financiadas por las alícuotas patronales y las comisiones médicas como instancia administrativa previa.
Sin embargo, la litigiosidad laboral ha vuelto a posicionarse como el principal obstáculo del sistema. Tras un pico de 124.000 demandas en 2017 y una baja transitoria tras la sanción de la Ley 27.348, el flujo de causas judiciales ha retornado a esas cifras récord. Este fenómeno representa para las empresas un costo promedio equivalente al 1,2% de su masa salarial, agravado por la gratuidad del proceso para el trabajador y la disparidad de criterios judiciales entre las diferentes provincias.
El nuevo artículo 4.º bis y el ultimátum a las provincias
En el marco del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, se propone la incorporación de un artículo 4.º bis a la Ley 27.348. Esta modificación busca exigir a las provincias el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, con especial énfasis en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses y la aplicación estricta del baremo para tarifar las indemnizaciones.
El proyecto establece un plazo perentorio de 90 días para que los distritos provinciales se adecuen a estos estándares. En caso de incumplimiento, el Gobierno prevé la suspensión de toda asistencia técnica y financiera por parte de la SRT a las provincias rebeldes, buscando unificar la jurisprudencia y reducir la incertidumbre jurídica que afecta al sector empleador.
Propuestas técnicas: emergencia y pago en cuotas
Desde el ámbito técnico, el Ieral de la Fundación Mediterránea ha planteado que la reforma debería profundizarse declarando la emergencia del sistema de riesgos del trabajo. La recomendación de los especialistas apunta a que las provincias instrumenten cambios estructurales en la realización de las pericias médicas.
Entre los puntos centrales de esta propuesta de emergencia se encuentran:
Revisión pericial: Que los peritos provinciales actúen exclusivamente como instancia revisora de las comisiones médicas y no como una pericia paralela.
Pago en cuotas: Implementar el pago fraccionado de las indemnizaciones judiciales en casos de
incapacidades bajas.
Unificación de tasas: Establecer un criterio único para la actualización de los montos indemnizatorios, evitando la dispersión que hoy incentiva la elección de jurisdicciones más «favorables» para el reclamo.
La efectividad de esta reforma dependerá de la capacidad de presión del Estado nacional sobre las justicias locales para que funcionen efectivamente como instancias recursivas y no como un reinicio del proceso administrativo, un cambio que el sector empresarial reclama para sostener la viabilidad de la cobertura de riesgos del trabajo.
<p>La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) enfrenta una crisis por el aumento de la litigiosidad laboral, que alcanza nuevamente las 124.000 demandas anuales. El Gobierno impulsa una reforma para obligar a las provincias a aplicar el baremo oficial de incapacidades y conformar Cuerpos Médicos Forenses, bajo amenaza de suspender la asistencia financiera a los distritos que no se adecuen en 90 días.</p>
Este contenido es generado automáticamente con IA
Zappo te lo cuenta
Bienvenidos a una nueva edición de «Juicio Final: Edición ART», el deporte nacional que se juega en los tribunales y que tiene más inscriptos que el maratón de Nueva York. Resulta que el sistema de Riesgos del Trabajo está en terapia intensiva porque la litigiosidad volvió a los niveles de 2017, con unas 124.000 demandas anuales. Para que se den una idea, hay más juicios laborales que personas que saben usar bien el Excel. El sistema se apoya en cuatro pilares, pero parece que esos pilares están hechos de telgopor, porque ante la mínima molestia en el dedo meñique, aparece un abogado de la galera prometiéndote una indemnización que te permitiría comprarte una isla en el Tigre. Es la magia de la «industria del juicio», donde el baremo de incapacidades es interpretado con más libertad que una película de autor francesa.
La movida ahora es que el Gobierno se cansó de financiar la fiesta y les puso un ultimátum de 90 días a las provincias para que dejen de mirar para otro lado. Básicamente, les dijo: «O arman los Cuerpos Médicos Forenses y usan el baremo oficial, o les cortamos el chorro de la SRT». Es como cuando tu viejo te decía que si no ordenabas el cuarto te quedabas sin Internet, pero con millones de pesos en juego. Mientras tanto, los genios del Ieral de la Fundación Mediterránea sugieren declarar directamente la «emergencia del sistema», una frase que en Argentina usamos tanto que ya debería venir impresa en los billetes. La propuesta incluye pagar las indemnizaciones en cuotas para las incapacidades bajas, algo que a los trabajadores les va a encantar tanto como un aumento de impuestos, pero que busca evitar que las pymes terminen bajando la persiana porque un perito decidió que un estornudo fuerte califica como invalidez permanente.
La dispersión de criterios entre provincias es tal que, según dónde te tropieces, podés cobrar para cambiar el auto o apenas para un par de zapatillas. El proyecto busca que los peritos provinciales dejen de jugar al «Elija su propia aventura» y se limiten a revisar lo que dicen las comisiones médicas. Es una batalla campal entre la seguridad jurídica, la billetera de los empleadores y el incentivo de litigar gratis, que en este país es más tentador que un feriado puente. Veremos si en tres meses las provincias se ponen en fila o si seguiremos alimentando este sistema donde el único que siempre gana es el que firma la demanda, mientras la producción mira el partido desde la tribuna y con el bolsillo agujereado.
Este contenido humorístico es generado por IA y puede contener imprecisiones o ser imprudente, se recomienda leer con discreción.
