La Cámara Federal de Casación Penal dictó una resolución clave que permite la continuidad de la causa penal por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Sala II del máximo tribunal penal del país rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina, habilitando así el avance de una investigación que salpica tanto al sector público como al privado.
La decisión judicial, firmada por los magistrados Guillermo J. Yacobucci, Ángela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, declaró «inadmisible» el recurso de queja interpuesto por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. Los empresarios buscaban impugnar la desestimación de una excepción de falta de acción. El fallo se resolvió por una mayoría de 2 a 1, contando con el voto en disidencia de la jueza Ledesma.
Falta de sustento federal y avance de los procesamientos
En los fundamentos del fallo, la Cámara sostuvo que la defensa no logró demostrar un agravio constitucional que justificara la intervención del tribunal: “No se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, por lo que, en consecuencia, se impone su rechazo”. De esta manera, quedó firme lo actuado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Piccardi.
Este revés judicial para los empresarios ocurre en paralelo al procesamiento dictado contra Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, y otros 18 implicados. La justicia investiga la existencia de una organización delictiva dedicada al direccionamiento de licitaciones y al desvío de fondos públicos destinados a la compra de medicamentos e insumos médicos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Contraste entre recortes y lujos privados
La investigación destaca un contraste alarmante: mientras se habrían ejecutado estas maniobras de defraudación, la administración central aplicaba recortes masivos en pensiones por invalidez y un severo ajuste financiero sobre el sistema de prestaciones de salud y rehabilitación. Cabe recordar que el Poder Ejecutivo llegó a vetar la ley de Emergencia para el sector, una medida que debió ser revertida recientemente por orden judicial.
Los detalles del expediente revelan comportamientos sospechosos por parte de los imputados durante las etapas iniciales del proceso. Jonathan Kovalivker permaneció prófugo durante cuatro días antes de presentarse ante las autoridades con un teléfono celular formateado de fábrica. Su hermano, Emmanuel, fue interceptado en el complejo Nordelta en posesión de 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo, distribuidos en sobres.
Asimismo, los allanamientos realizados en las propiedades de la familia permitieron documentar un patrimonio ostentoso que incluía una colección de más de 15 vehículos deportivos, destacándose modelos exclusivos de las marcas Ferrari y Porsche. La justicia sospecha que este nivel de vida se financió, al menos parcialmente, con los fondos sustraídos al sector poblacional más vulnerable del país.
