A través de un comunicado difundido por redes sociales y servicios de mensajería, familiares de integrantes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de San Juan convocaron a una concentración de protesta para este miércoles 11 de febrero de 2026. La movilización tiene como objetivo visibilizar la situación económica que atraviesan los efectivos de la fuerza y exigir una «reestructuración salarial que se ajuste a la realidad económica actual».
Los ejes del reclamo
El petitorio de las familias, que se movilizan en representación de los agentes debido a la restricción legal que estos tienen para realizar reclamos gremiales, se fundamenta en tres puntos críticos: la actualización de haberes «acorde al IPC» (Índice de Precios al Consumidor), la regularización del pago de adicionales y el cese de lo que consideran una retención indebida de fondos. En el texto de la convocatoria, los organizadores expresaron de forma tajante: «Exigimos que dejen de generar intereses en los bancos con nuestros sacrificios».
La manifestación está programada para las 19:00 horas en las inmediaciones del Centro Cívico, específicamente sobre Avenida Libertador. La convocatoria es abierta a la comunidad y busca el apoyo de la ciudadanía bajo la premisa de que «nuestros penitenciarios callan porque ellos no pueden reclamar».
Un sector sin derecho a huelga
La particularidad de este conflicto radica en la naturaleza de la fuerza de seguridad. Al no contar con representación sindical formal ni derecho a la huelga, los efectivos dependen exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo provincial para cualquier mejora en sus condiciones laborales. Por este motivo, el rol de las familias se vuelve central en el conflicto. «Las familias salimos a dar la cara por nuestras fuerzas de seguridad», concluye el comunicado que circula por la provincia.
Se espera que la concentración impacte en el tránsito de la zona céntrica durante la tarde de hoy, mientras se aguarda alguna respuesta oficial por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno o la Dirección del Servicio Penitenciario respecto a la viabilidad de los pedidos de recomposición económica solicitados.
<p>Familiares de efectivos del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan convocaron a una manifestación frente al Centro Cívico para este miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas. El reclamo principal se centra en una recomposición salarial ajustada a la inflación, el pago de adicionales adeudados y la regularización de las condiciones económicas del sector ante la imposibilidad legal de los agentes de realizar medidas de fuerza.</p>
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Bienvenidos a una nueva edición de «Cosas que solo pasan en San Juan», donde hoy los que cuidan que nadie se escape de Chimbas están pidiendo que alguien los ayude a escapar de la pobreza. Los familiares de los penitenciarios han convocado a una marcha porque, aparentemente, el sueldo de un guardia hoy alcanza para comprar dos paquetes de tutucas y un derecho a mirar el sol diez minutos por día. Bajo el lema «nuestros penitenciarios callan porque no pueden reclamar», las familias decidieron que si los guardiacárceles no pueden gritar por el estatuto, ellos van a hacer suficiente ruido como para que se escuche hasta en la celda de máxima seguridad. Es una situación hermosa: el agente está en el penal asegurándose de que el orden reine, mientras su tía, su suegra y la vecina están en el Centro Cívico pidiendo que dejen de «generar intereses en los bancos» con el sacrificio ajeno. Una lógica financiera que ni el más optimista de los ministros de economía podría explicar sin ponerse colorado.
La cita es a las 19 horas, justo cuando el sol sanjuanino empieza a dar un respiro, pero el clima social se pone más picante que la comida de la cantina de la cárcel. Piden que el sueldo se ajuste al IPC, esa sigla mágica que todos mencionamos pero que nadie sabe bien cómo funciona, salvo para confirmar que cada mes somos un 10% más pobres que el anterior. La consigna es clara: «¡Ya basta!». Es el grito de guerra de las familias que salen a dar la cara porque sus fuerzas de seguridad tienen que mantener la compostura mientras la billetera les hace eco. En fin, una provincia donde el que vigila está tan preso del sistema económico como el que está detrás de las rejas.
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