La investigación por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras ser víctima de una red de «sextorsión», dio un paso fundamental con la detención de Karen Yael Cufré. La mujer fue identificada como empleada de la Municipalidad de Morón, donde cumplía tareas en un área sensible: la central de monitoreo de la Secretaría de Seguridad local.
Logística externa y operaciones carcelarias
De acuerdo con el avance de la causa judicial, la banda criminal poseía una estructura mixta. El «cerebro» de las operaciones se encontraba en diversas cárceles bonaerenses, donde los internos utilizaban teléfonos celulares para crear perfiles falsos en aplicaciones de citas. Una vez que lograban obtener material sensible de las víctimas, comenzaban las exigencias económicas bajo amenaza de difundir las imágenes o realizar denuncias falsas.
En este esquema, Cufré habría cumplido funciones logísticas fundamentales desde el exterior de los penales. Su rol consistía en la recaudación del dinero mal habido y el soporte operativo para que las extorsiones se concretaran. La paradoja de que una presunta integrante de una red delictiva tuviera acceso a los sistemas de vigilancia municipales ha generado una fuerte repercusión política en el partido del oeste del Gran Buenos Aires.
Reacción oficial y despido
Desde la Municipalidad de Morón emitieron un comunicado aclarando la situación de la detenida. Informaron que la mujer había ingresado a la gestión como personal temporario y que, al momento de su contratación, no presentaba antecedentes penales computables que impidieran su designación.
Sin embargo, ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Justicia, el Ejecutivo municipal dispuso la cesantía inmediata de la acusada. «Al tomar conocimiento de su vinculación con el caso, se procedió a darla de baja de forma automática del plantel municipal», señalaron fuentes oficiales, deslindando cualquier responsabilidad institucional en el accionar de la ahora detenida.
El caso de Rodrigo Gómez, de apenas 21 años, puso de manifiesto la peligrosidad de estas organizaciones que operan desde los establecimientos penitenciarios con total impunidad. La detención de Cufré permite a los investigadores reconstruir el camino del dinero y las conexiones que permitían que el hostigamiento digital se transformara en una presión insoportable para las víctimas en el plano real.
<p>Una empleada de la Municipalidad de Morón fue detenida bajo la acusación de integrar la banda dedicada a extorsiones digitales que derivó en el suicidio del soldado Rodrigo Gómez. La mujer, identificada como Karen Yael Cufré, se desempeñaba en la central de monitoreo de seguridad local. Tras confirmarse su vinculación con la red delictiva que operaba desde penales bonaerenses, el municipio dispuso su despido inmediato.</p>
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En un giro que parece sacado de una parodia de mal gusto sobre la seguridad pública, la Justicia acaba de confirmar que una de las piezas clave en la extorsión al soldado Rodrigo Gómez no estaba precisamente escondida en una cueva, sino vigilando las cámaras de la Municipalidad de Morón. Karen Yael Cufré, que hasta hace cinco minutos pasaba sus tardes mirando monitores para detectar delitos ajenos, resultó ser —según la investigación— un engranaje logístico de una banda que operaba con una eficiencia que ya quisiera cualquier pyme argentina. Mientras el joven de 21 años vivía un calvario que terminó en tragedia en la Quinta de Olivos, su presunta extorsionadora cobraba un sueldo del Estado, demostrando que en el Gran Buenos Aires el concepto de «multitasking» ha llegado a niveles verdaderamente delictivos.
La modalidad de la banda era el clásico y nefasto «sextorsión pack»: presos con mucho tiempo libre en las cárceles bonaerenses se hacían pasar por jóvenes en apps de citas, enganchaban a víctimas desprevenidas y luego soltaban a los «perros» del exterior para cobrar el rescate por el silencio. Lo irónico es que Cufré trabajaba en la Secretaría de Seguridad, el lugar donde teóricamente deberían protegerte de gente como… bueno, como ella. En la Municipalidad de Morón reaccionaron con la velocidad de quien descubre una cucaracha en la sopa: le dieron la cesantía inmediata y aclararon que entró como «personal temporario sin antecedentes», una frase que ya es el eslogan oficial de cada vez que un funcionario público termina esposado frente a las cámaras.
Es una historia donde el absurdo se mezcla con el dolor más profundo. Un soldado que custodiaba la residencia presidencial terminó quitándose la vida por la presión de una red que tenía un pie en el pabellón de una cárcel y el otro en una central de monitoreo municipal. Mientras la investigación avanza, queda claro que el sistema de contratación de personal en algunas intendencias tiene menos filtros que un café de estación de servicio. Ahora, Cufré pasará de observar el crimen a través de una pantalla a vivirlo del otro lado de las rejas, en lo que seguramente será un cambio de perspectiva laboral bastante brusco, incluso para los estándares del conurbano.
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