A la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, la interrupción de la programación habitual en la cadena nacional de radio y televisión oficializó el quiebre del orden democrático en la República Argentina. El comunicado, leído por el locutor oficial, informaba que el país se encontraba bajo el «control operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas», dando inicio a la dictadura más cruenta de la historia nacional.
La ejecución del golpe y la caída de Isabel Perón
La operación militar se caracterizó por su precisión logística y la ausencia de resistencia armada significativa al momento de la toma de los edificios públicos. Cerca de la medianoche previa, el helicóptero que trasladaba a la presidenta María Estela Martínez de Perón desde la Casa Rosada hacia la Quinta de Olivos fue desviado hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Allí, tras ser informada de su destitución por los altos mandos, fue trasladada en calidad de prisionera a la residencia El Messidor, en la provincia de Neuquén.
Simultáneamente, tropas y blindados ocuparon puntos estratégicos en la Ciudad de Buenos Aires y las principales capitales provinciales. Entre las primeras medidas de facto se destacaron la intervención de los sindicatos, la suspensión de toda actividad política, la disolución del Congreso Nacional y la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bajo el nombre de «Proceso de Reorganización Nacional», la junta militar buscó institucionalizar su gestión de facto.
La composición del poder y el plan económico
El mando supremo quedó concentrado en una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas, representando el equilibrio interno del poder castrense: Teniente General Jorge Rafael Videla (Ejército) Almirante Emilio Eduardo Massera (Armada) Brigadier General Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea)
Videla asumió formalmente la presidencia el 29 de marzo. Bajo la conducción económica de José Alfredo Martínez de Hoz, el régimen inició un plan de apertura comercial indiscriminada, endeudamiento externo y desindustrialización, transformando profundamente la matriz productiva del país.
El terrorismo de Estado y el legado
La justificación política del golpe se centró en la lucha contra la «anarquía» y la «subversión». Sin embargo, el régimen implementó una metodología sistemática de desaparición forzada de personas, la creación de cientos de centros clandestinos de detención y el robo de bebés, amparados en la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional. Gran parte de la prensa escrita de la época reflejó el cambio con titulares que aludían a una etapa de «normalidad», sin dimensionar el alcance de la represión ilegal que se estaba gestando.
La dictadura se extendió hasta diciembre de 1983, dejando tras de sí una crisis económica estructural, la derrota bélica en las Islas Malvinas y miles de víctimas de la violencia estatal. El Juicio a las Juntas de 1985 se constituyó, años más tarde, como el hito fundamental para el restablecimiento de la justicia y la condena de quienes quebraron el orden constitucional aquel marzo de 1976.
