La auditoría impulsada por la Jefatura de Gabinete sobre los activos del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ha puesto el foco en la región de Cuyo. Según el documento oficial con fecha del 19 de marzo, la revisión de los 44 inmuebles incluye dependencias clave en San Juan y Mendoza, las cuales podrían dejar de pertenecer al patrimonio de la obra social para ser transferidas o subastadas en el corto plazo.
El impacto en San Juan y la región
En el caso específico de nuestra provincia, la medida alcanza a delegaciones administrativas y centros de servicios que actualmente sirven de enlace para miles de afiliados, mayoritariamente personal de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. La «redefinición de titularidad» mencionada en el informe implica que estas propiedades, muchas de ellas ubicadas en zonas urbanas de alto valor inmobiliario, quedarían a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En la vecina provincia de Mendoza, la situación es aún más crítica debido a la mayor cantidad de centros recreativos y hoteles bajo la órbita de IOSFA que han sido incluidos en la lista negra. Estos espacios no solo funcionan como puntos de esparcimiento, sino que forman parte de la infraestructura logística que las fuerzas han mantenido durante décadas mediante los aportes directos de sus miembros.
Resistencia del personal de seguridad
El malestar entre los efectivos locales es palpable. Fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad en la provincia indican que existe una fuerte resistencia a la pérdida del patrimonio histórico, alegando que estas propiedades fueron adquiridas y mantenidas con recursos propios de los afiliados y no con partidas generales del Tesoro Nacional. “Es un golpe directo al bienestar del personal que presta servicio en zonas de frontera y alta montaña”, señalaron desde sectores vinculados al personal retirado.
La estrategia del Gobierno apunta a anular las transferencias realizadas en gestiones anteriores, argumentando que la titularidad debe regresar al Estado Nacional para su «optimización». Sin embargo, el vacío de información sobre qué servicios reemplazarán a estas delegaciones en San Juan mantiene en vilo a los usuarios del sistema de salud militar, quienes temen que el desguace inmobiliario sea el preludio de un recorte mayor en las prestaciones médicas y sociales de la región.
