En una semana marcada por la creciente tensión social, el Vocero Presidencial (ahora con rango de Jefe de Gabinete), Manuel Adorni, ha quedado en el ojo de la tormenta. Mientras el Gobierno nacional profundiza el recorte de gastos en áreas sensibles, el patrimonio y los ingresos del funcionario exhiben una realidad diametralmente opuesta a la del ciudadano promedio.
Un aumento del 100% bajo el Decreto 931/2025
Este jueves se oficializó lo que muchos consideran un golpe a la ética de la «austeridad». A través del Decreto 931/2025, Adorni recibió un aumento del 100% en su sueldo, pasando a percibir cerca de 7 millones de pesos mensuales. Esta suba, que también alcanzó a ministros y secretarios cuyos salarios estaban congelados desde 2023, se da en un contexto económico asfixiante: el Salario Mínimo solo acumuló un 19,6% de aumento en lo que va de 2025, mientras que la inflación superó el 170% en los últimos dos años de gestión.
El Rolex de la polémica y las causas en Comodoro Py
Como si el salto salarial no fuera suficiente, las redes sociales estallaron tras la viralización de una fotografía donde Adorni luce un reloj Rolex valuado en aproximadamente US$ 14.000. El accesorio se convirtió en el símbolo del contraste: un funcionario que predica el ajuste mientras ostenta una pieza de lujo que equivale a años de salarios mínimos. Sin embargo, el reloj es solo la punta del iceberg. El funcionario enfrenta hoy un escenario judicial complejo con tres causas en Comodoro Py por presuntas irregularidades, dudas sobre su evolución patrimonial, incluyendo propiedades no declaradas y viajes en vuelos privados, sumado a la falta de documentación que respalde sus gastos personales y oficiales.
La vara doble: exigencia abajo, silencio arriba
El punto de mayor indignación radica en la contradicción discursiva. Adorni ha sido el rostro de las conferencias donde se anunció la obligatoriedad de auditorías para personas con discapacidad, instalando sospechas sobre quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez. «A las personas con discapacidad se les exige exponer su vida: papeles, certificados, diagnósticos y explicaciones constantes. Pero cuando le toca rendir cuentas al funcionario, no aparece ni una factura», señalan sectores de la oposición y organizaciones sociales.
Mientras el Gobierno aplica auditorías crueles que obligan a los más vulnerables a «probar» su condición diariamente para no perder sus derechos, la transparencia hacia arriba parece ser inexistente. Esta forma de ejercer el poder coincide con denuncias de corrupción que salpican incluso al entorno más cercano de la presidencia, como el polémico «3%» vinculado a Karina Milei. La ostentación de un reloj de US$ 14.000 no es solo una cuestión de redes sociales; es una señal política de que la brecha entre el discurso de la «libertad» y los privilegios de la ¿nueva casta podría estar cerca de romperse?.
