En una resolución que marca un hito en el conflicto presupuestario, la Justicia Federal ratificó la vigencia de la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dar cumplimiento inmediato a los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Esta normativa establece la actualización obligatoria de los salarios de los docentes y no docentes universitarios por el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley en septiembre de 2025, además de exigir la recomposición integral de los programas de becas para estudiantes.
Fundamentos del fallo judicial y el rol del Estado
Los camaristas Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los agravios presentados por la representación estatal, calificándolos como «poco serios». En sus fundamentos, la Cámara resaltó que el impacto fiscal de la aplicación de esta medida es bajo y no compromete el interés público de manera sustancial. Por el contrario, los magistrados enfatizaron que lo que se encuentra bajo amenaza es un derecho constitucional fundamental: la educación superior pública.
La cautelar original había sido dictada por el juez federal Enrique Cormick en diciembre pasado, tras un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el respaldo de más de 40 casas de altos estudios. En aquel entonces, el magistrado señaló que el Decreto 759/2025 —mediante el cual el Gobierno suspendió la ejecución de la ley de financiamiento— presentaba rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta» y una inobservancia clara de deberes jurídicos específicos.
La postura de la UBA y las advertencias por incumplimiento
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, se pronunció con firmeza tras conocerse el fallo. «El PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley», afirmó a través de sus redes sociales. Yacobitti advirtió que la persistencia en la desobediencia judicial podría configurar una causal de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que reviste una gravedad institucional sin precedentes.
Asimismo, el funcionario universitario destacó que la gran mayoría del personal académico y administrativo percibe ingresos por debajo de la canasta básica. En este contexto, reclamó la apertura urgente de un canal de diálogo para evitar que la profundización del conflicto y las medidas de fuerza por tiempo indeterminado terminen perjudicando de manera irreversible a los estudiantes.
Un conflicto que no da tregua desde 2024
La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno Nacional alcanzó su punto máximo con las masivas Marchas Federales de octubre de 2024 y septiembre de 2025. Bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, la comunidad educativa rechazó sistemáticamente los intentos del Ejecutivo por bloquear el financiamiento aprobado por el Congreso.
Pese a que la oposición logró sortear los vetos presidenciales a mediados del año pasado, el Gobierno utilizó decretos reglamentarios para frenar el flujo de fondos. Actualmente, la estrategia oficial de la Secretaría de Educación apunta a proponer una nueva ley que modifique el esquema financiero vigente, buscando un consenso parlamentario que otorgue seguridad jurídica y recursos, aunque la Justicia ya ha dejado claro que la ley actual debe cumplirse sin dilaciones mientras se discuten nuevas normas.
