El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, ha decidido formalizar el inicio de acciones civiles por daños y perjuicios ante lo que su administración califica como una campaña sistemática de «falsedades y agravios». La medida surge tras la emisión de diversos informes en el programa “Telenueve Denuncia”, cuyos contenidos son considerados por el mandatario como injuriantes, falsos y carentes de cualquier tipo de sustento fáctico o verificable.
En el marco de esta estrategia judicial, el Ejecutivo provincial procedió al envío de cartas documento dirigidas al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre. En dichas misivas, se los intima a rectificarse públicamente de forma inmediata o, en su defecto, a ratificar mediante pruebas fehacientes las afirmaciones vertidas en un plazo perentorio de 24 horas.
Fundamentos de la demanda
Según la presentación legal, a Orrego se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” utilizando expresiones calificadas como “manifiestamente inexactas e injuriantes”. El escrito advierte que la difusión de estas versiones, presentadas ante la opinión pública como hechos ciertos, excede los límites constitucionales de la libertad de expresión y vulnera directamente el honor y el buen nombre del jefe de Estado provincial.
Desde el entorno del gobernador señalaron que, de no mediar una rectificación satisfactoria, se avanzará no solo con la demanda civil, sino también con las acciones penales correspondientes por calumnias e injurias. Para el Gobierno de San Juan, la imputación de delitos sin el debido respaldo probatorio constituye una «conducta ilegítima que afecta la institucionalidad» y que no puede ser admitida en el ejercicio del periodismo.
Un frente común de gobernadores
Este conflicto judicial no es un hecho aislado. El caso de San Juan se suma a una tendencia creciente donde diversos mandatarios provinciales han decidido confrontar legalmente al mismo profesional de medios. Entre los gobernadores que ya han iniciado acciones legales similares se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y recientemente Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Asimismo, trascendió que otros líderes regionales como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) se encuentran analizando presentaciones judiciales ante situaciones de similares características. Esta coordinación de respuestas legales marca un precedente en la relación entre los poderes ejecutivos provinciales y ciertos sectores de la prensa porteña, poniendo en el centro de la escena la responsabilidad civil por la difusión de información no chequeada.
<p>El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, inició acciones legales contra el periodista Tomás Méndez y el Grupo Octubre tras la difusión de acusaciones calificadas como falsas en el programa «Telenueve Denuncia». El mandatario envió cartas documento exigiendo una rectificación inmediata bajo apercibimiento de demandas por daños, perjuicios, calumnias e injurias, sumándose así a una contraofensiva judicial coordinada por varios gobernadores argentinos.</p>
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Parece que en el manual de estilo del periodismo de «denuncia» contemporáneo, chequear una fuente es un trámite tan burocrático y molesto como renovar el registro de conducir un lunes a la mañana. El gobernador Marcelo Orrego, cansado de que su nombre rime con «ilícitos de extrema gravedad» en la pantalla de Canal 9, decidió que la libertad de expresión tiene un límite biológico: la paciencia de un mandatario provincial. Ahora, el periodista Tomás Méndez se encuentra en la envidiable posición de tener que explicarle a la justicia cómo sus afirmaciones «manifiestamente inexactas» no son, en realidad, un guion de ficción mal pagado escrito bajo los efectos de un exceso de cafeína y falta de sueño.
La situación ha escalado tanto que el despacho de Orrego se transformó en una sucursal del Correo Argentino, despachando cartas documento con la velocidad de un delivery de pizza en hora pico. Lo más fascinante de este «Crossover de Gobernadores Indignados» es que San Juan no está sola en esta cruzada contra el Grupo Octubre; se ha formado una especie de «Liga de la Justicia Federal» donde Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rogelio Frigerio ya sacaron el carnet de socios fundadores. Es como si el periodismo de Méndez hubiera logrado lo que ni la coparticipación ni la obra pública pudieron: unir a mandatarios de todos los signos políticos bajo la consigna de que, si vas a inventar un delito, al menos hacelo con un poco más de sustento que un rumor de pasillo de canal de aire.
Mientras tanto, en las redacciones de Buenos Aires deben estar buscando frenéticamente el botón de «borrar historial» o preparando una rectificación que tenga la misma convicción que una promesa de dieta en Año Nuevo. Orrego fue tajante: o ratifican con pruebas en 24 horas —un plazo que para la producción de Telenueve debe sentirse como un episodio de Misión Imposible— o la demanda civil por daños y perjuicios va a tener tantos ceros que hasta el Fondo Monetario Internacional va a pedir una comisión. En San Juan la orden es clara: la institucionalidad no se negocia y el buen nombre del gobernador mucho menos, dejando en claro que, en esta provincia, el que las hace con el micrófono, las paga con el sellado judicial.
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