La legisladora porteña Graciela Ocaña formalizó el pasado viernes un pedido de intervención estatal sobre la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). La solicitud, presentada ante Claudio Adrián Stivelman, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se fundamenta en presuntas irregularidades financieras y una «administración fraudulenta» que involucra al entorno íntimo de Hugo Antonio Moyano.
Transferencias millonarias y déficit financiero
La denuncia de Ocaña se apoya en revelaciones recientes sobre transferencias millonarias desde el gremio y la prestadora hacia fideicomisos vinculados con Liliana Esther Zulet, esposa de Moyano, y sus hijos. Según la legisladora, se configura una «incorrecta o mala administración de sus recursos» mientras se registra una «inadecuada prestación de sus servicios».
Los números que maneja la auditoría externa son alarmantes. Solo en las 23 seccionales del interior del país, la deuda acumulada a febrero de este año alcanza los $32.400 millones. Al sumar el área metropolitana de Buenos Aires, donde reside el 50% de los 190.000 afiliados, fuentes sindicales estiman que el rojo financiero total podría rondar los $60.000 millones. Además, Ocaña advirtió que la entidad presentó un resultado operativo negativo de -$8.778.715,00 entre 2017 y 2022, lo que la coloca en una situación técnica de quiebra.
El rol de las empresas vinculadas
El reclamo hace hincapié en que la administración de Oschoca está en manos de Iarai, una empresa perteneciente a la esposa del jefe sindical. Para la legisladora, esta estructura permite que los fondos que deberían volcarse a la salud de los trabajadores funcionen como una «caja chica» para sociedades vinculadas a la familia Moyano.
“La realidad es simplemente numérica: el gremio de camioneros maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social… sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica”, sentenció Ocaña en su escrito.
Pedido de acción al Poder Ejecutivo
La presentación exige que el presidente Javier Milei y las autoridades de control tomen medidas directas. Ocaña subrayó que las obras sociales administran fondos públicos y que el Estado tiene la obligación legal de proteger el derecho a la salud de los afiliados.
En lo que va del presente año, la SSS ya ha intervenido diez obras sociales por deficiencias similares. “Espero que consideraciones de tipo político y el temor al clan Moyano no impidan a las autoridades tomar las medidas necesarias”, concluyó la legisladora, remarcando que los trabajadores no pueden quedar «atrapados en la interna de una familia».
<p>La legisladora Graciela Ocaña solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud la intervención de la Obra Social de Choferes de Camioneros (Oschoca), presidida por Hugo Moyano. La presentación denuncia una administración fraudulenta y el desvío de fondos millonarios hacia empresas vinculadas a la familia del líder sindical, mientras la entidad enfrenta un pasivo estimado en 60.000 millones de pesos y deficiencias críticas en sus prestaciones médicas.</p>
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Zappo te lo cuenta
Parece que a Graciela Ocaña le gusta el peligro más que a un equilibrista ciego, porque volvió a la carga contra el deporte nacional favorito de la familia Moyano: manejar una obra social como si fuera el «Monopoly» personal de la casa. En una carta dirigida a Claudio Stivelman —titular de la Superintendencia de Servicios de Salud—, la «Hormiguita» pidió que el Estado intervenga Oschoca antes de que el patrimonio neto sea tan invisible como los recibos de sueldo de un trapito. Según Ocaña, la administración de los camioneros tiene una lógica económica fascinante: el gremio es millonario, la familia es rica, pero la obra social está más fundida que un Fiat 600 cruzando la cordillera.
La denuncia apunta a que los fondos de los trabajadores, en lugar de terminar en gasas, aspirinas o una guardia que te atienda antes del próximo mundial, terminan fluyendo hacia fideicomisos y empresas de Liliana Zulet, la esposa del jefe sindical. Es el famoso «efecto derrame» versión Moyano: la plata derrama directamente en el bolsillo de la familia, mientras los afiliados rezan para que no les duela nada importante. Con una deuda que podría rondar los 60.000 millones de pesos, Ocaña sostiene que la entidad es básicamente una «caja chica» que de chica tiene lo que Hugo de tímido. La legisladora le tiró la pelota a Javier Milei, recordándole que ya intervino diez obras sociales y que no debería tenerle miedo al «Clan», aunque todos sepamos que un paro de camiones te puede dejar el país más desabastecido que una góndola de la Unión Soviética en los ochenta.
Lo más tierno del asunto es el argumento de Ocaña sobre la «mala administración». Dice que Oschoca se maneja como un bien particular, lo cual es una forma muy elegante de decir que confunden el balance contable con el presupuesto para el asado del domingo. Mientras tanto, la Superintendencia debe decidir si se anima a meterse en la interna de una familia que resuelve sus problemas con más mística y camiones que una película de Mad Max. Si la intervención avanza, será el fin de una era donde el carnet de la obra social servía más como amuleto de la suerte que como credencial médica. Si no avanza, bueno, siempre podremos decir que la salud de los camioneros es tan robusta que no necesita médicos, solo la bendición del líder.
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