Familiares de personas con discapacidad ratificaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones, y otros altos funcionarios por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona. La presentación judicial surge como respuesta al ajuste sistemático aplicado sobre las pensiones no contributivas y las prestaciones básicas de salud desde el inicio de la actual administración.
La causa, que se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5, cuenta con el patrocinio del abogado Javier Garín. El escrito representa a un colectivo de afectados, organizaciones de la sociedad civil y profesionales del área de salud, quienes sostienen que el Poder Ejecutivo Nacional está llevando adelante un recorte presupuestario deliberado que vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales de jerarquía superior.
Fundamentos del reclamo judicial
Los denunciantes afirman que el accionar del Gobierno se encuentra «inspirado en una ideología de tipo supremacista» basada en «una presunta ‘superioridad estética’ de cierta tipología social». Según el documento, esta postura se traduce en un desprecio manifiesto hacia los sectores más vulnerables, incluyendo a adultos mayores y personas con discapacidad. «El desprecio del Presidente se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones«, detalla el texto legal.
Asimismo, se acusa a la actual gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de eludir sistemáticamente los fallos judiciales que ordenaban garantizar la continuidad de los tratamientos y el pago de las prestaciones. La denuncia subraya que las deudas acumuladas con los prestadores han puesto en jaque el funcionamiento de programas críticos de asistencia y provisión de medicamentos.
Controversia por la terminología y requisitos
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la resolución 187 de enero de 2025, la cual establece nuevas condiciones para acreditar la invalidez laboral. Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron que la normativa reintroduce un modelo médico perimido y utiliza un lenguaje estigmatizante. La reglamentación incluye términos como «retraso mental», «idiota», «imbécil» y «débil mental», lo cual ha sido calificado como un retroceso histórico en materia de derechos humanos.
Por otro lado, la denuncia rebate las acusaciones de fraude esgrimidas por el Ejecutivo, puntualmente el caso mencionado por el jefe de Gabinete sobre la supuesta utilización de una radiografía canina para obtener una pensión. El escrito aclara que dicha irregularidad fue detectada y el beneficio nunca se otorgó, argumentando que se utilizó el hecho para manipular la opinión pública y justificar el recorte masivo de recursos destinados al sector.
