El Gobierno Nacional ha remitido al Congreso un nuevo proyecto de ley que tiene como eje central la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Esta maniobra legislativa es interpretada por diversos sectores como una estrategia para dilatar la aplicación de la normativa vigente, similar a lo ocurrido con el financiamiento universitario, retrotrayendo el sistema de protección a un modelo previo a la sanción de la mencionada Emergencia.
Reempadronamiento y fiscalización estricta
De aprobarse la iniciativa oficial, se establecerá un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, antecedentes laborales y situación socioeconómica. El texto es tajante al respecto: «Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio».
Para asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos, se pondrá en marcha un proceso de fiscalización que incluirá el cruce de información entre ANSES, ARCA (ex AFIP), SINTyS y otros organismos del Estado. Este sistema facultará al Ejecutivo a aplicar suspensiones de manera «preventiva» ante cualquier inconsistencia detectada, dejando el derecho a defensa para una instancia posterior al cese del pago.
Cambios en los montos y barreras al empleo formal
En términos económicos, el nuevo régimen fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. No obstante, el proyecto elimina la facultad que posee actualmente el Ejecutivo para otorgar aumentos adicionales vinculados a la invalidez laboral o por residencia en zonas geográficas desfavorables, lo que supondría un congelamiento real de los ingresos en términos comparativos.
Uno de los puntos más polémicos es la instauración de la «incompatibilidad absoluta» entre el cobro de la pensión y cualquier forma de empleo formal o inscripción en regímenes laborales. Según advierten los especialistas, la norma «elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio», lo cual representa un retroceso en las políticas de inclusión laboral vigentes hasta la fecha.
Impacto en el sector empresarial y calidad prestacional
El proyecto no solo afecta a los individuos, sino que también apunta contra los incentivos para el sector privado. La iniciativa prevé eliminar los incisos referidos a los programas de reconocimiento de empresas y a la promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto reduciría significativamente los beneficios fiscales y de reputación para las organizaciones que decidan contratar personal de este colectivo.
Finalmente, la reforma introduce modificaciones profundas en el financiamiento del sistema, suprimiendo el piso mínimo de calidad en las prestaciones mediante la eliminación de los aranceles homogéneos, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad y la equidad del servicio asistencial en todo el territorio nacional.
