El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes una medida estratégica para desarticular la operatividad de las bandas criminales dentro del sistema carcelario. A través de una resolución del Ministerio de Seguridad, se autorizó la implementación de tecnología de última generación destinada a la detección y bloqueo definitivo de dispositivos móviles en los establecimientos penitenciarios federales de todo el país.
La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a utilizar equipos que identifican el IMEI (identidad única del equipo) y el IMSI (identidad del suscriptor vinculada a la tarjeta SIM). El objetivo central es impedir que los reclusos coordinen delitos, extorsiones o maniobras de narcotráfico desde el interior de las unidades de detención, fortaleciendo el control estatal intramuros.
Funcionamiento del sistema y plazos de bloqueo
El nuevo “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI” establece un protocolo estricto de actuación. Cuando un dispositivo se activa dentro de un área restringida, los sensores captan la señal automáticamente y generan un reporte técnico. Una vez obtenida esta información, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios tramita el pedido de baja ante las empresas de telecomunicaciones.
Las prestatarias del servicio están obligadas por ley a validar la información y proceder a la inutilización del dispositivo en un plazo máximo de 48 horas. Esta medida asegura que el teléfono no pueda ser rehabilitado bajo ninguna red, eliminando la posibilidad de que sea reutilizado tras un cambio de tarjeta SIM.
Controles para el personal y visitas profesionales
La resolución no solo apunta a los internos, sino que establece un marco de control para todas las personas que ingresan a los penales. Agentes del SPF, funcionarios del Poder Judicial y abogados deberán someterse a las siguientes disposiciones:
- Áreas de resguardo: Se dispondrán sectores específicos fuera de los perímetros de seguridad para el depósito obligatorio de dispositivos móviles.
- Restricción total: Queda prohibido el ingreso con celulares a las áreas de pabellones y zonas comunes de detención para todo personal autorizado.
- Auditorías periódicas: Se realizarán monitoreos constantes desde centros de control para verificar que no existan filtraciones de señal y que los equipos bloqueados permanezcan fuera de servicio.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir drásticamente la capacidad de acción de las organizaciones criminales que, históricamente, han utilizado la telefonía móvil como una herramienta clave para mantener su estructura externa desde el confinamiento.
<p>El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, oficializó un nuevo sistema de control tecnológico para las cárceles federales que permite detectar y bloquear teléfonos celulares de forma permanente. La medida faculta al Servicio Penitenciario Federal a identificar equipos mediante códigos IMEI e IMSI, obligando a las operadoras de telefonía a inutilizar los dispositivos detectados en zonas restringidas en un plazo máximo de 48 horas.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Se terminó la fiesta de las videollamadas desde el pabellón y el home office delictivo que tantos dividendos le venía rindiendo a la muchachada de las cárceles federales. El Ministerio de Seguridad, bajo la firma de Alejandra Monteoliva, decidió que ya es hora de que los internos vuelvan a las actividades tradicionales del encierro, como leer libros de autoayuda o contar las manchas de humedad, y para eso autorizó un sistema de bloqueo de celulares que promete dejar a más de uno con el aparato de adorno. La idea es simple: si un teléfono se activa en una zona prohibida, un equipo de alta tecnología le saca la ficha al IMEI y al IMSI más rápido de lo que un preso puede decir «yo no fui», y le manda el reporte directo a la operadora para que lo deje como un pisapapeles caro.
Lo más interesante de este manual de procedimientos es que el bloqueo es tan implacable que no solo afecta a los «emprendedores» del pabellón, sino que también le pone el cascabel al gato a los agentes penitenciarios, abogados y funcionarios judiciales. Se acabaron los descuidos de «me olvidé el Samsung en el bolsillo del uniforme», porque ahora habrá sectores específicos fuera de las áreas restringidas para depositar los dispositivos. Si el sistema detecta una señal, las empresas prestadoras tienen 48 horas para bajarle la persiana al equipo, impidiendo que vuelva a conectarse a cualquier red nacional. Es, básicamente, un «game over» tecnológico para el call center de la delincuencia, que ahora tendrá que conformarse con el teléfono público del penal, si es que todavía funciona y no está siendo usado como perchero.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes una medida estratégica para desarticular la operatividad de las bandas criminales dentro del sistema carcelario. A través de una resolución del Ministerio de Seguridad, se autorizó la implementación de tecnología de última generación destinada a la detección y bloqueo definitivo de dispositivos móviles en los establecimientos penitenciarios federales de todo el país.
La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a utilizar equipos que identifican el IMEI (identidad única del equipo) y el IMSI (identidad del suscriptor vinculada a la tarjeta SIM). El objetivo central es impedir que los reclusos coordinen delitos, extorsiones o maniobras de narcotráfico desde el interior de las unidades de detención, fortaleciendo el control estatal intramuros.
Funcionamiento del sistema y plazos de bloqueo
El nuevo “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI” establece un protocolo estricto de actuación. Cuando un dispositivo se activa dentro de un área restringida, los sensores captan la señal automáticamente y generan un reporte técnico. Una vez obtenida esta información, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios tramita el pedido de baja ante las empresas de telecomunicaciones.
Las prestatarias del servicio están obligadas por ley a validar la información y proceder a la inutilización del dispositivo en un plazo máximo de 48 horas. Esta medida asegura que el teléfono no pueda ser rehabilitado bajo ninguna red, eliminando la posibilidad de que sea reutilizado tras un cambio de tarjeta SIM.
Controles para el personal y visitas profesionales
La resolución no solo apunta a los internos, sino que establece un marco de control para todas las personas que ingresan a los penales. Agentes del SPF, funcionarios del Poder Judicial y abogados deberán someterse a las siguientes disposiciones:
- Áreas de resguardo: Se dispondrán sectores específicos fuera de los perímetros de seguridad para el depósito obligatorio de dispositivos móviles.
- Restricción total: Queda prohibido el ingreso con celulares a las áreas de pabellones y zonas comunes de detención para todo personal autorizado.
- Auditorías periódicas: Se realizarán monitoreos constantes desde centros de control para verificar que no existan filtraciones de señal y que los equipos bloqueados permanezcan fuera de servicio.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir drásticamente la capacidad de acción de las organizaciones criminales que, históricamente, han utilizado la telefonía móvil como una herramienta clave para mantener su estructura externa desde el confinamiento.
Se terminó la fiesta de las videollamadas desde el pabellón y el home office delictivo que tantos dividendos le venía rindiendo a la muchachada de las cárceles federales. El Ministerio de Seguridad, bajo la firma de Alejandra Monteoliva, decidió que ya es hora de que los internos vuelvan a las actividades tradicionales del encierro, como leer libros de autoayuda o contar las manchas de humedad, y para eso autorizó un sistema de bloqueo de celulares que promete dejar a más de uno con el aparato de adorno. La idea es simple: si un teléfono se activa en una zona prohibida, un equipo de alta tecnología le saca la ficha al IMEI y al IMSI más rápido de lo que un preso puede decir «yo no fui», y le manda el reporte directo a la operadora para que lo deje como un pisapapeles caro.
Lo más interesante de este manual de procedimientos es que el bloqueo es tan implacable que no solo afecta a los «emprendedores» del pabellón, sino que también le pone el cascabel al gato a los agentes penitenciarios, abogados y funcionarios judiciales. Se acabaron los descuidos de «me olvidé el Samsung en el bolsillo del uniforme», porque ahora habrá sectores específicos fuera de las áreas restringidas para depositar los dispositivos. Si el sistema detecta una señal, las empresas prestadoras tienen 48 horas para bajarle la persiana al equipo, impidiendo que vuelva a conectarse a cualquier red nacional. Es, básicamente, un «game over» tecnológico para el call center de la delincuencia, que ahora tendrá que conformarse con el teléfono público del penal, si es que todavía funciona y no está siendo usado como perchero.