Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y profesionales de diversos sectores encabezaron este martes 12 de mayo de 2026 una nueva movilización hacia Plaza de Mayo, en una jornada marcada por la masividad y la continuidad del reclamo universitario. El eje central de la protesta fue la exigencia al Gobierno nacional para que dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y puesta en suspenso por el Poder Ejecutivo mediante un decreto.
La movilización se consolida como la cuarta marcha federal en defensa de la educación pública desde el inicio de la gestión actual y representa un nuevo hito en la creciente tensión entre la comunidad académica y la Casa Rosada por los recursos destinados al sistema universitario.
El foco del conflicto: ley contra decreto
El malestar de las universidades nacionales no es nuevo, aunque se profundizó tras la decisión del Ejecutivo de frenar la normativa que garantizaba la actualización presupuestaria por inflación y la recomposición salarial para el sector.
«La educación pública no es un gasto, es la base del desarrollo profesional y científico del país», expresaron desde los gremios docentes durante la conformación de las columnas.
Durante la jornada, distintas columnas de manifestantes visibilizaron el conflicto presupuestario que atraviesan las casas de altos estudios en todo el país. Entre los principales planteos, denunciaron dificultades para sostener el funcionamiento básico de los edificios universitarios y garantizar la continuidad de la investigación científica.
Una protesta con alcance nacional
Si bien el epicentro de la movilización se ubicó en la Ciudad de Buenos Aires, con una concentración principal hacia Plaza de Mayo y un acto central previsto para las 17:00, el reclamo también tuvo réplicas en distintos centros urbanos del país.
En Córdoba, estudiantes y docentes se movilizaron por el centro de la capital provincial, una de las plazas con mayor tradición universitaria. En Santa Fe, se registraron concentraciones frente a sedes vinculadas a la UNL y la UNR.
También hubo actividades en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde centros regionales de ciudades como La Plata, Tandil y Bahía Blanca se sumaron con jornadas de visibilización y paros activos.
Los ejes del reclamo universitario
La marcha de este 12 de mayo forma parte de una agenda de movilización sostenida desde 2024 por parte de la comunidad educativa. Entre los principales puntos del reclamo se encuentra la exigencia de que sea revocado el decreto que mantiene suspendida la Ley de Financiamiento Universitario.
Otro de los planteos centrales apunta a la actualización salarial para docentes y no docentes frente a la escalada inflacionaria. Además, las organizaciones reclaman la garantía de becas estudiantiles que permitan sostener la permanencia de los alumnos en el sistema ante el aumento de los costos de vida.
La jornada reafirma que el conflicto universitario está lejos de cerrarse y se posiciona como uno de los desafíos políticos más complejos para el Gobierno nacional en lo que va del año.
<p>Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y profesionales de distintos sectores encabezaron este martes <strong>12 de mayo de 2026</strong> una nueva movilización hacia Plaza de Mayo para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la <strong>Ley de Financiamiento Universitario</strong>, aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y suspendida por el Poder Ejecutivo mediante un decreto.</p>
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Zappo te lo cuenta
La universidad pública volvió a salir a la calle con la paciencia de quien ya explicó el mismo tema cuatro veces, escribió el apunte, armó el cuadro sinóptico y aun así tuvo que rendir oral frente a un tribunal que llegó tarde. Este martes, estudiantes, docentes, no docentes y profesionales de diversos sectores marcharon hacia Plaza de Mayo para recordarle al Gobierno nacional una idea revolucionaria, casi subversiva para estos tiempos: que una ley aprobada por el Congreso debería cumplirse y no quedar guardada en un cajón como cargador viejo de celular.
La protagonista del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto de 2025 y puesta en suspenso por el Poder Ejecutivo mediante un decreto. Es decir, la política argentina logró una vez más ese truco de magia institucional en el que el Congreso aprueba, la comunidad educativa celebra con cautela y después aparece un decreto con cara de “yo sólo pasaba por acá” para dejar todo en pausa. Ni Christopher Nolan se animó a tanto manejo del tiempo.
Mientras las columnas avanzaban, el reclamo era tan simple que hasta parecía sospechoso: actualización presupuestaria, recomposición salarial, becas estudiantiles y recursos para que las universidades puedan seguir funcionando sin tener que pedirle prestado el alargue al buffet de la facultad. Porque una cosa es la austeridad y otra muy distinta es pretender que la investigación científica sobreviva a base de voluntad, tiza reciclada y café de máquina con gusto a expediente.
La protesta, además, no quedó encerrada en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo réplicas en Córdoba, Santa Fe, La Plata, Tandil y Bahía Blanca, entre otros puntos del país, lo que confirma que el conflicto universitario ya no entra en una planilla de Excel ni en una conferencia de prensa con frases prolijas. Es una discusión nacional, con miles de personas en la calle y una consigna que no necesita demasiada decoración: sin financiamiento, la universidad pública queda obligada a hacer equilibrio sobre una cuerda floja, con el presupuesto en una mano y la dignidad salarial en la otra.
La cuarta marcha federal en defensa de la educación pública se convirtió así en otro capítulo de una novela institucional donde todos saben el final que debería tener, pero nadie logra que el guion avance. La comunidad académica reclama que la ley se aplique; el Gobierno mantiene la suspensión; y en el medio quedan docentes, estudiantes, investigadores y universidades enteras haciendo cuentas con la precisión de un malabarista en medio de un apagón. Argentina, siempre generosa, volvió a demostrar que hasta el financiamiento universitario puede transformarse en suspenso político de alto voltaje.
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