La Justicia de Río Negro autorizó un embargo preventivo por US$29.970 contra la diputada nacional de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, en el marco de un conflicto relacionado con el emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en Las Grutas.
La medida cautelar fue dispuesta a partir de la demanda presentada por un particular por presuntos incumplimientos vinculados con la entrega y escrituración de terrenos del loteo.
El juez Cristian Tau Anzoátegui quedó a cargo de ordenar esta nueva medida sobre el patrimonio de la legisladora.
La disposición tiene carácter preventivo y no constituye una condena firme contra Villaverde. Alrededor del emprendimiento existen distintas demandas civiles y al menos una denuncia penal.
Los antecedentes judiciales por el loteo
El emprendimiento Tajamar acumuló diferentes planteos judiciales relacionados con las condiciones de infraestructura y demoras en las escrituraciones de los terrenos.
El nuevo embargo por casi US$30.000 se incorpora a otras medidas cautelares que anteriormente alcanzaron el patrimonio y los ingresos de la diputada nacional.
En diciembre de 2025, el juez civil Santiago Morán dispuso un embargo sobre la dieta parlamentaria y el aguinaldo de Villaverde por aproximadamente $40,5 millones.
En marzo de 2026 trascendieron además órdenes de bloqueo sobre cuentas bancarias y otro embargo preventivo por una suma superior a los $31 millones.
Previamente se habían registrado otras acciones cautelares por montos cercanos a los $50 millones, también vinculadas con reclamos relacionados con el emprendimiento inmobiliario.
La defensa de Lorena Villaverde
Frente a las diferentes acciones judiciales, Villaverde sostuvo que el proyecto buscaba facilitar el acceso a terrenos mediante planes de pago de largo plazo.
La diputada atribuyó parte de los inconvenientes y las demoras registradas en las obras a las consecuencias de la pandemia.
Además, rechazó que el emprendimiento se encuentre detenido y afirmó que «las obras están en marcha y se están terminando».
Villaverde también vinculó la sucesión de demandas con motivos políticos y denunció una campaña de «escarnio político y violencia institucional».
Según su postura, las acciones en su contra estarían relacionadas con su actividad como dirigente y con su alineamiento político con el presidente Javier Milei.
Las causas continúan en trámite y las medidas conocidas hasta el momento son cautelares, por lo que no existe una condena firme contra la legisladora por los hechos vinculados al loteo Tajamar.
